Consciente de lo dañino que es un proceso de concurso de acreedores para una empresa como General Motors, la Casa Blanca quiere pisar el acelerador. Uno de los consultores del grupo ad hoc creado en el Gobierno para asistir a la industria de la automoción, Harry Wilson, ha explicado al juez del concurso que si la venta de los activos con futuro de GM a una nueva compañía no se aprueba antes del 10 de julio, el Gobierno retirará el apoyo financiero a la automovilística.

El Ejecutivo, que ya ha prestado alrededor de 27.000 millones al fabricante del Buick, será el primer accionista, con un 60%, de esa nueva compañía que según Wilson podría cotizar en Bolsa en 2010 y de la que el Gobierno se iría retirando poco a poco. El resto de la renacida automovilística estaría en manos del Gobierno de Canadá que controlaría el 11,3% y el fondo de prestaciones sociales de los trabajadores, Veba, que se quedaría con el 17,5%. Los bonistas y otros acreedores se repatirían el 10% y warrants.

El juez, Robert Gerber, mostró ayer su intención de acelerar el procedimiento.

Sin el apoyo de Washington, GM no llegaría muy lejos ya que apenas tendría cash para mantenerse operativa más allá del mes de agosto en las circunstancias actuales. Fritz Henderson, consejero delegado de la empresa, ya le dijo al juez Gerber el 30 de junio que el Tesoro quería una venta rápida para "preservar el valor de los activos", no más de 40 días desde que se instó el concurso el pasado 1 de junio. Henderson dijo que la alternativa que le queda a GM si el Gobierno se retira es simplemente la liquidación.

Los únicos que se oponen a la venta de los activos a una nueva compañía y prefieren un proceso más ortodoxo en el que tengan voto, es un pequeño grupo de bonistas que según el abogado de la automovilística compraron sus títulos con un fuerte descuento: 20 dólares por cada mil. El juez Gerber les ha permitido que sigan exponiendo sus alegaciones y de hecho, ayer, el día de sus conclusiones finales, expusieron que el papel del Gobierno es tan dominante y les retira a ellos toda posible opción.

En caso de que la venta fuera adelante, como está planeado, el Gobierno no ha dado aún ningún detalle de cómo iría retirándose de General Motors del que será "accionista a su pesar", según dijo hace un mes el propio presidente Barack Obama.

La entrada como accionista cuenta con muchos detractores en el Congreso e incluso a nivel popular en un país en el que se desconfía del intervencionismo en el libre mercado incluso en la complicada situación actual. Según una encuesta de Gallup hecha a primeros de junio, el 55% de los americanos desaprueba que Washington esté al volante en GM.

El Ejecutivo de Canadá si ha dado más datos y se sospecha que vaya a haber una coordinación entre ambos que acabe la participación pública en algún momento de 2018.

Venta de activos 'tóxicos'

Mientras tanto, el equipo legal de GM no sólo está preparando la venta de los mejores activos a la nueva empresa pública, sino también la de los malos en una subasta.

Entre esos activos que no tienen cabida en el balance de ninguna empresa con el nombre de la automovilística están varias plantas y localizaciones que han tenido problemas medioambientales (y responsabilidades legales y monetarias por ello), aparcamientos en lugares de Michigan y un campo de golf en el Estado de Nueva Jersey que se sitúa en el mismo lugar donde en los años treinta había una fábrica de componentes de la compañía. GM estima que sus obligaciones pecuniarias por conflictos medioambientales se elevan a unos 530 millones de dólares.