Este activo constituye la única participación cotizada de la compañía susceptible para la venta, y se suma a participaciones no cotizadas por 31 millones y a fondos de inversión mobiliaria por 28 millones de los que la gasista también podría desprenderse.

La posibilidad de desinvertir en Enagás fue planteada como consecuencia de los cambios regulatorios en torno al gestor ténico del sistema gasista. La legislación limita al 5% la participación máxima de un accionista individual en la compañía, y el año pasado se aprobó una norma que fijaba en el 1% el poder máximo de voto de empresas que tengan intereses en el sector gasista, como es el caso de Gas Natural.

Durante 2006, la compañía presidida por Salvador Gabarró acometió desinversiones equivalentes al 7,79% de Enagás, cuyo valor rondó los 310 millones de euros y que generaron un beneficio a la gasista de 310 millones.

La nueva Ley del sector de Hidrocarburos, aprobada en junio, también sitúa en el 3% el límite a los derechos políticos de cualquier accionista en Enagás. La norma tiene como objetivo reforzar la independencia de la empresa que preside Antonio Llardén.