La normativa aprobada por el Consejo de Ministros reducirá la retribución que reciben las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5% y un 25%, en tanto que las instalaciones en suelo verán reducida su tarifa un 45%.
Para la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) esta medida es brutal e incomprensible, ya que se trata de una imposición del Ministerio de Industria claramente discriminatoria, si bien celebran el final de la incertidumbre que atraviesa el sector en España.
No obstante, su presidente, Juan Laso, confía en que con apoyo ministerial y seguridad jurídica se puede desarrollar una industria estratégica y clave para crear un millón de nuevos empleos vinculados a las renovables anunciados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, estudian iniciar las acciones legales oportunas contra la nueva regulación por limitar el derecho a la percepción de prima para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil, un punto en el que coincide también la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF).
Para el presidente de ASIF, Javier Anta, la medida impedirá la rentabilidad de estas instalaciones, a pesar de que el sector tiene capacidad para reducir la elevada dependencia energética de España y es una fuente de generación de empleo y riqueza.
Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), cree que la nueva regulación condenará de forma irreversible el futuro del sector y dificulta las recomendaciones europeas en materia de renovables.
En declaraciones a Efe, el presidente de APPA, Javier García Breva, anunció que no descartan tomar medidas legales si la normativa, que va a contracorriente del resto de países europeos, es contraria a la directiva de Bruselas.
Con el recorte de las primas fotovoltaicas, Industria prevé ahorrar 607,2 millones de euros en beneficio de los consumidores y garantizando una rentabilidad "razonable" para los productores.
