El fiscal solicita el archivo del caso de las cesiones de crédito

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez-Bermúdez, inició ayer la primera sesión de un proceso iniciado hace 15 años contra clientes y directivos del Banco Santander, entre los que se encuentra Emilio Botín, presidente de la entidad. La acusación sostiene que los 28 imputados cometieron varios delitos contra la Hacienda Pública en la contratación de un producto de ahorro, denominado cesiones de créditos, entre 1988 y 1989.

Durante la tramitación del proceso, el Ministerio Fiscal ha pedido en 14 ocasiones a la jueza instructora, Teresa Palacios, que archivase la causa. Ayer lo reclamó por decimoquinta vez. Según el fiscal, el juicio no puede continuar porque la acusación no tiene legitimidad jurídica.

Si el proceso sigue vivo, pese a la oposición frontal de la Fiscalía y del abogado del Estado (que representa a la supuesta parte perjudicada, la Agencia Tributaria) ha sido por la insistencia de las acusaciones populares. Tanto la del partido Iniciativa per Catalunya, como la de la Asociación para la Defensa del Cliente y el Inversor (ADIC), vinculada a Rafael Pérez Escolar. El Tribunal Supremo condenó a este último a una pena de nueve años de cárcel por su gestión como consejero de Banesto.

Tanto el fiscal, como los 21 abogados defensores que ayer intervinieron (20 de los cuales representan a clientes que contrataron cesiones de crédito), se aferran a la normativa sobre el procedimiento penal para argüir que el juicio no puede continuar con el único impulso de las acusaciones populares.

'La ley de enjuiciamiento criminal reconoce, expresamente, que en caso de que la Fiscalía y el acusador particular en este caso, el abogado del Estado soliciten el sobreseimiento de la causa, como ha ocurrido en este caso, así lo deberá acordar el juez', apuntaba el abogado de Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo.

Acusados de fraude fiscal

El presidente del Santander, y otros cuatro altos cargos del banco (Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel) están acusados de favorecer la evasión fiscal al no practicar retención alguna al comercializar cesiones de créditos.

Esta modalidad de ahorro, generalizada a finales de la década de los 80, consistía en transferir la propiedad de un préstamo bancario a un cliente, a cambio de un precio, manteniendo la entidad la gestión del mismo.

ADIC e Iniciativa per Catalunya han calificado estos hechos como 'la mayor defraudación fiscal perpetrada en España', mientras que los imputados mantienen que, durante los años de su comercialización, este tipo de producto era legal, y que los clientes ya normalizaron su situación con el fisco.

Hoy concluirá la primera parte del juicio oral, tras la cual, el tribunal deberá decidir si atiende las peticiones de archivo del caso o si inicia la siguiente fase del proceso.