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La fiscalía, que ha pedido en cuatro ocasiones archivar la causa, no ve ni delito de apropiación indebida ni de administración desleal, como argumentan las acusaciones. No ve tampoco 'abuso de poder', ni 'disposición fraudulenta' de dinero en el hecho de que el ex copresidente del SCH, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente y ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, percibieran 43,75 y 108,1 millones, respectivamente, en concepto de bonus y jubilación al salir del banco.

En su discurso, más propio a veces de la defensa, dijo que los pagos fueron transparentes ya que se llevaron al consejo y razonables puesto que fueron aprobados por este órgano, el facultado para fijar remuneraciones. Ni en la ley ni los estatutos del banco 'está cuantificada' la remuneración de consejeros ejecutivos, dijo y apeló al 'principio de libertad de mercado' para fijar estas condiciones. En este libre mercado 'el que puede paga', aseveró.

El fiscal quiso dejar claro que 'no se está juzgando a las personas, sino actos concretos. No importa cuánto dinero ganó el señor Amusátegui en otros bancos'.

Las acusaciones (representadas por el condenado por el caso Banesto y ex consejero Rafael Pérez Escolar y el abogado y accionista minoritario Juan Francisco Franco Otegui) fueron contundentes al pedir la condena para el presidente del Santander, Emilio Botín y los otros dos acusados. Ambos insistieron en que los pagos fueron 'ilícitos' y 'perjudicaron' al banco y, por ende, a los accionistas. Acusaron, además, de blindaje ilegal a Amusátegui y Corcóstegui.

El letrado de Pérez Escolar, el catedrático José Manuel Gómez Benítez, argumentó que. Amusátegui y Corcóstegui 'primero se blindaron por si les echaban durante la fusión' y luego 'se fueron y dejaron vacantes dos puestos en el consejo' con la consiguiente mayoría de los del Santander frente al BCH. 'El único beneficiado ha sido el señor Botín' al quedarse como presidente único, afirmó. José López, letrado de Otegui, calificó de 'donaciones' los pagos y comparó la jubilación del ex presidente del Popular, Luis Valls, que percibió 640.000 euros.