El Consejo de Estado ha devuelto, sin modificar, el texto de la futura Ley de la Firma Electrónica, con lo que su tramitación parlamentaria comenzará de forma "inminente", según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La firma electrónica ya funciona en algunos ámbitos de la economía, como en la presentación telemática de la declaración del IRPF.

Una de las novedades del texto reside en que se reconozca la firma electrónica para las empresas, además de la de los particulares, lo que ayudará a que las pymes a hacer sus gestiones en la Red y ahorrar tiempo y dinero. También sienta las bases para el desarrollo del DNI electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos. Introduce la denominación de "firma electrónica reconocida" que se considerará equivalente a la firma manuscrita y eliminará la obligación de las empresas que presten servicios de certificación a inscribirse en un registro oficial.

También promueve la autorregulación de la industria, potencia los controles y sanciones sobre las entidades de certificación y reduce hasta tres millones de euros la garantía que tienen que presentar estas entidades para constituirse. Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, el texto fue consultado a más de sesenta entidades y asociaciones implicadas y a la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Consejo General del Notariado.