La concesionaria, participada por Ferrovial (con el 55% del capital), Sacyr Vallehermoso (35%) y Caja Castilla-La Mancha (10%) han acordado con el sindicato bancario extender el plazo de la refinanciación a la espera de que el Ministerio de Fomento comunique el plan de viabilidad de las autopistas en riesgo de quiebra.
El Ministerio de Fomento adjudicó a principios de 2001 esta autopista de 97,2 kilómetros de longitud, que entró en servicio en 2004 y cuyo periodo de concesión concluye en 2065.
La concesión registraba un tráfico de unos 4.672 vehículos diarios a cierre del primer trimestre del año, periodo en el que ingresó 3,2 millones de euros.
La concesionaria ha renegociado con el sindicato bancario en sucesivas ocasiones extender el plazo de pago de la deuda desde que venciera inicialmente en enero de 2011.
Como medida temporal, el Gobierno aumentó a mediados del año pasado las tarifas de la R-4 el 1,95 % para compensar los costes adicionales derivados principalmente de los procesos de expropiación.
En la actualidad, el Gobierno está preparando un plan de viabilidad para las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, como son las radiales de Madrid, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la M-12 (que une Madrid con el aeropuerto de Bajadas) y la Madrid-Toledo.
De momento, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que dispondrá este año de 290 millones de euros en préstamos participativos para las concesionarias y que ampliará hasta 2021 las cuentas de compensación.
Sin embargo, el Gobierno tiene pendiente de pago 600 millones de euros por expropiaciones, cuyos costes se dispararon en hasta un 175%.
