Panamá se ha convertido en un vivero de contratos para las empresas de construcción y FCC es una de las que más está pujando por hacerse con ellos. Un objetivo para el que ha llegado a aliarse hasta con el Ministerio del Interior español.

Tras adjudicarse uno de las mayores obras de ampliación del canal, la empresa que preside Baldomero Falcones opta a la construcción de la primera línea de metro de la capital y se ha precalificado en un concurso para sustituir antiguas cárceles por nuevas dependencias. Y es en este último proceso en el que ha presentado oferta en consorcio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del gabinete que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba.

Esta entidad pública fue creada por el Gobierno en 1992 para construir y equipar centros penitenciarios en España. Desde entonces ha levantado 24 cárceles y 14 centros de inserción social. La SIEP tiene autorización del Consejo de Ministerios para asesorar a empresas y Gobiernos en la promoción, diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de infraestructuras penitenciarias en todo el mundo.

La licitación a la que opta en Panamá con FCC está valorada en 100 millones de dólares y se trata de levantar una cárcel que sustituya a las de La Joya y La Joyita de Pacora. Un trabajo por el que también pujan la española Isolux Corsán y la local UM Panamá. Fuentes del Gobierno de Ricardo Martinelli aseguran que tras esta obra vendrán otras de semejante volumen en busca de modernizar la red penitenciaria.

El metro, en julio

Acciona (52%) y la italiana Impregilo (50%) encabezan dos de los tres consorcios que han sido propuestos para disputarse la construcción de la primera línea de metro panameña. En el tercero figura FCC con un 45% del capital (el consorcio está liderado por la brasileña Odebrecht). Por el camino se han quedado Isolux, la canadiense SNC Lavalin o un grupo de capital chino. La obra está valorada en 1.000 millones de dólares y será adjudicada en julio de 2010.