Farmaindustria indicó este miércoles que se trata de una medida que "vulnera el sistema de financiación y prescripción de medicamentos legalmente establecido, según el cual es competencia exclusiva del Estado determinar los medicamentos que son financiables con cargo a fondos públicos, así como las condiciones de dicha financiación, el régimen de prescripción y dispensación de medicamentos".
Por otro lado, señaló que esta decisión, que supone una "alteración radical de las reglas de juego, atenta contra la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles, privando a los ciudadanos del País Vasco de medicamentos incluidos en la financiación aprobada por el Ministerio de Sanidad y Política Social para todo el territorio nacional, y atentando contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades".
En este sentido, recordó que el artículo 20 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS establece que las comunidades autónomas están facultadas para incluir en sus carteras de servicios nuevas prestaciones no incluidas en el SNS, pero no pueden excluir de sus carteras prestaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional.
Además, esta medida, por la que se cambiarán miles de envases de medicamentos originales por genéricos, se lleva a cabo sin la implicación directa de los médicos, "agrediendo directamente su libertad de prescripción, cediendo a un gestor sanitario la capacidad de modificar el tratamiento de un paciente, y quebrando, en definitiva, el espacio de relación médico-paciente", reprochó.
Asimismo, destacó que "incumple los principios de respeto a la innovación y gradualidad inherentes al sistema de precios de referencia". "Los ahorros que se pretenden conseguir con esta decisión no justifican el perjuicio que va a suponer para pacientes, médicos y compañías farmacéuticas, estas últimas ya gravemente afectadas por el recientemente aprobado recorte del gasto farmacéutico", agregó.
La expulsión "de facto" en el País Vasco de determinados medicamentos que están legalmente autorizados y financiados en todo el Sistema Nacional de Salud "rompe cualquier posibilidad de que esta comunidad siga en la carrera por la innovación farmacéutica, introduciendo una incertidumbre muy importante en los mecanismos de decisión para el tratamiento de las enfermedades y en los derechos de las empresas farmacéuticas titulares de medicamentos autorizados e incluidos en la prestación sanitaria pública", concluyó.
