Para ponernos en contexto en este conflicto Argentina-Repsol nos tenemos que remontar a comienzos de septiembre de 2011 cuando la petrolera española Repsol ratifica sus planes de inversión en Argentina. Un par de meses mas tarde, el director por el Estado argentino en la compañía, Roberto Baratta, prohíbe la distribución de dividendos de la compañía y decide reinvertir los fondos para evitar la caída de la producción.
Uno de los acontecimientos claves que desató el conflicto entre Argentina y Repsol tiene lugar el 7 de noviembre cuando la petrolera anuncia el descubrimiento de un pozo petrolífero en el área de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén al suroeste del país, que supone para la empresa española "el mayor descubrimiento de petróleo" de su historia.
El 16 de enero de 2012 se puede considerar el comienzo oficial de la 'guerra' entre Repsol y el Gobierno argentino cuando éste denuncia a YPF y a otras cuatro petroleras por lo que ellos consideraban un supuesto "abuso de posición dominante" en el mercado del gasóleo, acción que es calificada por la filial española como "injustificada".
El Gobierno de Kirchner ve a YPF como la culpable del elevado volumen de importaciones de hidrocarburos que el país ha tenido que realizar debido a la falta de inversión en extracción de crudo por parte de la compañía controlado por Repsol. Esto da lugar a que el 25 de enero la presidenta argentina, Cristina Fernández, exija a las petroleras reinvertir sus ganancias en el país para aumenta así la producción de combustibles y una reducción de las importaciones.
Tras la suspensión por parte de las autoridades argentinas de varios programas de incentivos económicos a petroleras entre las que se encontraba YPF, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se desplaza a Buenos Aires para reunirse con los ministros argentinos de Economía y de Planificación.
El 8 de febrero YPF hace público la inversión realizada en Argentina durante 2011 que asciende a 2.330 millones de euros (3.057 millones de dólares), un 50% más que la inversión realizada en 2010. Siete días después de este anuncio se le prohíbe a la petrolera cualquier actividad de importación o exportación de hidrocarburos hasta que no cumpla con una deuda tributaria de 6,1 millones de euros (8 millones de dólares).
Uno de los momentos más tensos se produce el 23 de febrero cuando YPF impide el acceso de altos cargos del Gobierno argentino a una reunión de la dirección de la petrolera, cuyas resoluciones adoptadas en ella son declaradas "irregulares e ineficaces" por parte de la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
En medio de este cruce de acusaciones y denuncias YPF lleva a cabo la aprobación de los resultados contables de 2011 y elevar a la asamblea de accionistas una propuesta para aumentar el capital social de la petrolera a partir de beneficios remanentes de 2010 y las ganancias de 2011, ambas acciones son aprobadas con el voto negativo del representante de Estado argentino
El 1 de marzo la provincia de Chubut, la principal región petrolera de Argentina, destapa la caja de los truenos y amenaza a YPF con retirar sus concesiones en dos yacimientos si no se presenta un plan de inversión que de lugar a un aumento considerable de producción. El día 23 la provincia de Mendoza retira las licencias concedidas a YPF. Acto seguido se suman a este plan las provincias de Salta, Río Negro y Neuquén, y ya en abril Santa Cruz retira también sus licencias.
El 12 de abril saltan las alarmas cuando varios medios de comunicación argentinos empiezan a publicar la presunta intención de la presidenta argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, de llevar acabo la expropiación de YPF a Repsol. Ese mismo día, el ministro español de Industria, José Manuel Soria, afirma que cualquier "gesto de hostilidad" contra empresas españolas será interpretado como un gesto "hacia España" y que traerá consecuencias, y un día más tarde el Gobierno de Rajoy advierte a las autoridades argentinas que tomara las medidas oportunas para defender los intereses de España, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.
El sábado 14 el Gobierno argentino hacía público en su web la intención de la Comisión de Valores de Argentina de investigar las acciones de YPF debido a su alta volatilidad.
El lunes 16 la presidenta de Argentina, Cristina Fernandez, anunciaba públicamente que su Gobierno ha remitido al Parlamento del país el proyecto de ley en el que se establece la declaración de "utilidad publica" de la filial controlada por la petrolera española Repsol, y la expropiación del 51%.
