Los expertos creen que la crisis evidencia las lagunas del modelo
La crisis ha sido uno de los factores que han contribuido a ahondar la crisis. Es una de las principales conclusiones a las que suele llegarse en los foros en los que se debate sobre la situación del buen gobierno. La actual situación económica ha puesto de manifiesto la existencia de fallos en los sistemas de supervisión, en el papel del consejo, en el de los independientes, en las remuneraciones, los conflictos de interés y hasta surgen dudas respecto a la eficacia del principio de cumplir o explicar.
Ningún sistema es perfecto. Y los expertos en buen gobierno saben que el actual, basado en la tradición anglosajona de cumplir con las recomendaciones de buen gobierno o explicar las razones por las que una compañía decide no seguirlas muestra graves defectos cuando se traslada a países, como España, con una tradición diferente.
La situación se agrava aún más en medio de una crisis que, en opinión de algunos estudiosos del gobierno corporativo, está poniendo de manifiesto otros fallos que tienen que ver tanto con la propia empresa como con los supervisores. Esa fue, por ejemplo, la opinión del ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, quien durante la presentación del Centro de Gobierno Corporativo (un foro puesto en marcha por Bankinter, Iberdrola, IE Business School y PwC) aseguró que se han producido "defectos" y "escasez" de regulación.
Una de las actividades del Centro de Gobierno Corporativo, "un foro libre de intercambio de ideas, de desarrollar proyectos de investigación aplicada y de ofrecer actividad docente", según su director y profesor del IE, Tomás Garicano, será la elaboración de estudios e informes.
En el primer número de la revista editada por esta nueva institución, el socio de Ramón y Cajal, Rafael Mateu opina que uno de los factores presentes "en la honda crisis financiera y económica por la que atraviesan los países occidentales, estriba en el mal funcionamiento de los modelos de gobierno corporativo".
Este experto apuesta por reforzar los mecanismos de conocimiento y supervisión por el consejo de los riesgos operativos y del negocio. También cree necesario analizar los motivos por los cuales "la simple presencia, por cualificada que sea, de los consejeros y de las comisiones independientes no es válida para prevenir, en interés de los accionistas, los conflictos entre propiedad y gestión".
Por su parte, el socio del bufete Uría Menéndez, Mario Fernández, explica que, a la luz de los acontecimientos, debería volver a debatirse la conveniencia del principio de cumplir o explicar frente a la ley o "si es más adecuada a los intereses generales la opción de las normas legales o la alternativa de estas normas de origen convencional o negocial", opina. Este abogado muestra asimismo su escepticismo sobre la figura del consejero independiente y rechaza "que constituya una suerte de fórmula mágica para garantizar el adecuado funcionamiento de los consejos de administración". Añade además que, "con las excepciones que sin duda procedan", su impresión es que el consejero independiente deja de serlo en el mismo momento en el que es designado.
Para el profesor del IE Business School, Tomás Garicano, el problema de los consejos de administración no es de independientes, sino de buenos profesionales que tengan buena información y que dediquen a su labor la suficiente atención.
Por su parte, Luis Ferrándiz, miembro del consejo asesor de la firma de servicios profesionales PwC desglosa el perfil del consejero y concluye con que es "varón, 58 años, experiencia de alto nivel en gestión empresarial y amigo del presidente".
Derechos ¿y deberes? de los minoritarios
"La cultura de la propiedad de acciones está cambiando" y eso supone que los inversores minoritarios cada vez se están involucrando más en la gestión del día a día de las sociedades. Así lo aseguró la semana pasada Gianfranco Gianfrate, director de la firma especializada en gestión de fondos de pensiones Hermes Equity Ownership durante su participación en el Foro de buen gobierno y accionariado impulsado por el IESE e Inforpress. Gianfrate opina que una solución para la crisis sería una propiedad más responsable "más activa", con derechos y privilegios, pero también "con el deber de votar en las juntas y levantar la voz cuando algo no se está haciendo bien". Pero no todos los expertos coinciden en que los accionistas tengan obligaciones. José María Garrido, miembro del comité asesor de la CE en materia de buen gobierno, opinó que "los accionistas sólo tienen derechos, no obligaciones, salvo que sean morales".