El fraude fiscal en la UE se eleva a más de 200.000 millones de euros al año, lo que representa más del 2% del PIB, según se recoge en el informe de la Eurocámara.

La legislación comunitaria exige a los Estados miembros un intercambio automático de información sobre cuestiones fiscales. No obstante, se permite que Bélgica, Austria y Luxemburgo mantengan el secreto bancario a cambio de aplicar una retención a los intereses que generan los ahorros de los no residentes.

El informe aprobado por el Parlamento exige que esta excepción desaparezca como muy tarde en julio de 2014.

La Eurocámara reclama a la comunidad internacional que "adopte las medidas apropiadas" para mejorar la transparencia de los paraísos fiscales, incluyendo Mónaco, Andorra, Liechtenstein, Suiza y algunos estados de EEUU. Se trata de lograr que estos países apliquen las normas de la OCDE por lo que se refiere a transparencia e intercambio de información sobre cuestiones fiscales.

En las decisiones sobre fiscalidad, las opiniones del Parlamento no son vinculantes y las decisiones deben adoptarse por unanimidad por los Estados miembros.