Entre mayo de 2010 y septiembre de 2011 sociedades controladas por Ángel de Cabo se hicieron con Marsans y Nueva Rumasa. El sistema empleado era el mismo: las compañías son traspasadas a firmar adquiridas para tal objetivo por De Cabo, al tiempo prácticamente que aquellas se declaraban en concurso de acreedores. Cuando los administradores nombrados por el juez tomaban las riendas de las compañías, ya no había prácticamente activos con los que responder ante los acreedores.
También en los dos casos la comunicación de las operaciones es ambigua, escasa y poco transparente: en el de Marsans se dice que el precio es de 600 millones y en el de Nueva Rumasa de 1.500 millones, cifras similares a las de la deuda de los grupos. Marsans pasa a manos de una sociedad denominada Posibilitum, cuyo objeto social original era el del comercio de animales exóticos; Back in business es el nombre de la firma que pasa a tomar el supuesto control de las empresas de Nueva Rumasa. Ninguna tenía el capital suficiente como para hacer frente a deudas tan elevadas.
La relación entre Díaz Ferrán, De Cabo y la familia Ruiz-Mateos va más allá de la coincidencia de la transimison de las compañías al mismo empresario valenciano.
Según cuenta el ex abogado de Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, el ex presidente de la CEOE fue testigo de los acuerdos entre De Cabo y Ruiz-Mateos. "En la compraventa de Nueva Rumasa, D. Ángel de Cabo se vale de D. Gerardo Díaz Ferrán para que manifestare testimonio de la situación de gestión por parte del Sr. De Cabo, del grupo de empresas que transmite", dice una querella criminal presentada a principios de este año contra parte de la familia Ruiz-Mateos así como contra Ángel de Cabo e Iván Losada, a la que ha accedido este diario. "Siendo lo cierto que este [Díaz Ferrán] sería testigo del pacto alcanzado con la familia Ruiz Mateos Rivero de que, de lo que se pudiera salvar, tras las operaciones judiciales y de liquidación, se repartirían un 80% para la familia Ruiz Mateos Rivero, y un 20% para el Sr. De Cabo", asegura la querella.
Las declaraciones de los administradores concursales de Marsans y de sociedades de Nueva Rumasa ante los distintos jueces de lo mercantil revelan también la impotencia que debieron sentir estos ante la constatación de que en los grupos que gestionaban negocios millonarios, marcas históricas, no quedaba nada que rascar.
Especialmente desolador fue la declaración que hizo Edorta Etxarandioa, administrador concursal nombrado por la juez en el concurso del grupo Marsans en la vista celebrada el pasado mes de junio para dictar la calificación del concurso del grupo de viajes (que todavía está pendiente: el fallecimiento de Gonzalo Pascual, socio de Díaz Ferrán, ha retrasado el proceso). Durante su intervención Etxarandioa, con gesto taciturno, aludió a la "melancolía" que provoca el concurso de Marsans, ya que la reparación de la deuda de los acreedores "no solo se ve lejano, sino inviable". La centenaria compañía de viajes está hoy en liquidación. En opinión de la administración nombrada por la jueza, Marsans entró en concurso por la salida de dinero de la compañía a otras sociedades del grupo, lo que provocó una "monstruosa" falta de liquidez que motivó la insolvencia.
El informe concursal de una de las sociedades de Nueva Rumasa que emitió pagarés, José María Ruiz Mateos SA, también alude a la desaparición de los activos. "La absoluta opacidad en el suministro de información de que la concursada ha hecho gala hasta ahora", dice el informe concursal, "impide ahondar más en el destino final de los alrededor de 90 millones que se recaudaron con la emisión de los pagarés de empresa de 2009". El administrador concursal nombrado por el juez añade: "Sea cual fuere su destino, lo cierto es que esa importante cantidad salió del patrimonio de la concursada y el valor del derecho a su reintegro se ha ido evaporando, hasta desaparecer por completo".
Las relaciones entre Díaz Ferrán, De Cabo y Ruiz-Mateos son tales que el pasado mes de julio el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, que investiga el presunto fraude de los pagarés de Nueva Rumasa, se topó el pasado mes de julio con una cuenta en Suiza de Ángel de Cabo, también imputado en el caso de la abeja. Pero resultó que esa cuenta, con 4,9 millones de euros, provenían de una sociedad irlandesa de Marsans.
Teconsa, la primera gran compañía abordada por el equipo de De Cabo
La constructora Teconsa se declaró en concurso de acreedores a finales de 2009. Al igual que en los casos de Marsans y Nueva Rumasa el equipo de De Cabo se hizo con la compañía al tiempo prácticamente que esta entraba en concurso de acreedores. También en Teconsa, antes de la entrada de De Cabo, sus propietarios habían llevado a cabo operaciones que, de acuerdo a los administradores concursales nombrados posteriormente por el juez, abocaron a la compañía a la situación de insolvencia.
Según la administración concursal de Teconsa, en un informe preliminar al que accedió este diario en abril de 2010, de un "análisis aleatorio" de ciertas partidas, se han detectado "graves irregularidades". Entre ellas, préstamos de Teconsa a empresas de Martínez Núñez, anterior propietario de Teconsa, por 3,2 millones entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009 (justo antes de su entrada en concurso de acreedores). A la "vista de la destrucción de la estructura productiva", dice la administración concursal, la compañía está "abocada a la liquidación".
Vías, Canales y Puertos, traspaso de fincas para pagar al despacho
La inmobiliaria y construcotura Vías, Canales y Puertos, con sede social en Jerez de la Frontera y actividad en Andalucía y Madrid, y una facturación anual aproximada de 50 millones, se declaró en concurso en 2008. El 29 de octubre de ese año el propietario de VCP, Eduardo Rodríguez Peña, había cesado como administrador único siendo sustituido por Ángel de Cabo Sanz. El 3 de noviembre, De Cabo Sanz presentó solicitud de concurso de acreedores para VCP.
Según el informe concursal de la empresa, al que accedió este diario, VCP, estando ya controlada por De Cabo, acordó con Aszendia, el despacho de abogados controlado por el mismo empresario valenciano, aportar tres fincas valoradas en 4,9 millones. Y el acuerdo de dación de esos bienes en pago por una deuda con el despacho de 0,6 millones, por supuesto apoyo legal, estableció un derecho de opción de recompra a favor de VCP en un plazo de un año por 6,9 millones. "Tras arduas y largas negociaciones", dice la administración concursal, se logró la retroacción voluntaria de esas fincas. Sociedades de De Cabo también se hicieron con automóviles de la empresa.
