El tiempo dirá si ha sido una victoria pírrica o no. Pero el viernes, al menos, el secretario general de Transportes, Fernando Palao, logró dar la vuelta a la humillante derrota sufrida por la diplomacia española pocas horas antes. La noche anterior, durante la primera sesión del consejo de ministros de Transporte de la UE, Palao se vio sorprendido por una inesperada maniobra de la presidencia portuguesa que, con el silencio cómplice de la Comisión Europea, aprobó por 26 votos contra uno (el de España, claro) el acuerdo sobre las normas de gestión y adjudicación del sistema de navegación por satélites Galileo.

El texto concedía a España un centro de control de segunda categoría. Y una vaga promesa de que en 2013 podría equipararse con los de Alemania e Italia, pero siempre a condición de que no les arrebatase cuota de mercado. Una limitación inaceptable para España, que desea competir en igualdad de competiciones en la fase operativa del programa.

A pesar de las objeciones españolas, Portugal esquivó el veto aprobando el acuerdo político por mayoría cualificada. Un cambio de criterio de voto en medio de una negociación del que no se recuerdan precedentes en Bruselas.

Durante la mañana del viernes, sin embargo, los cinco principales implicados en el proyecto (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) retomaron la negociación al margen del ministro portugués de Transportes, Mário Lino. El titular alemán, Wolfgang Tiefensee, que tenía previsto marcharse de Bruselas el jueves por la noche, prolongó su estancia y se convirtió en el mediador del conflicto. El interés de Tiefensee puso aún más de relieve la notoria ausencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Finalmente, el texto aceptado por unanimidad mantiene la referencia al blindaje del negocio de los centros de Oberpfaffenhofen, cerca de Munich, y de Fucino, junto a Roma. Pero añade la demanda española sobre el derecho a que su centro de control, si alcanza la cualificación necesaria en 2013, podrá operar en red con los otros dos.

Esa precisión, según Palao, 'significa que los tres centros van a tener una función y una capacidad equivalentes. Ya no cabe duda de que España va a tener un centro completo en 2013'. El centro costará unos 25 millones de euros, financiado con presupuesto comunitario mientras no se supere el marco presupuestario de Galileo (3.400 millones de euros). Si se rebasa, España pagará la diferencia.

Lino y el comisario europeo de Transportes, Jacques Barrot, que la noche del jueves antes habían anunciado como un hito histórico el acuerdo cerrado sin España, se vieron obligados el viernes por la tarde a celebrar una nueva rueda de prensa para dar cuenta del cambio. Ambos intentaron minimizarlo. 'Una clarificación introducida en una línea de los cuadros anexos resolvió el asunto', señaló Lino con cierta ironía. La delegación española prefirió no entrar en polémicas después del nuevo acuerdo.

Fuentes oficiales confían en que la construcción del centro de control (sin ubicación decidida, aunque podría colocarse en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz) permita a las empresas españolas del sector tecnológico hacerse hasta un 10% del negocio de explotación de Galileo. La navegación por satélite, monopolizada ahora por el GPS estadounidense, genera un negocio de unos 60.000 millones anuales.