El grupo argentino Petersen, propietario de un 25,46% de YPF, ha incumplido finalmente el pago de una cuota de la millonaria deuda contraída con el sindicato de bancos dentro de la operación de compra de ese paquete de acciones de la petrolera (que fue expropiada a Repsol hace ahora un mes), según difundió ayer la prensa argentina. El grupo, de la familia Eskenazi, debía pagar esta semana unos 400 millones de dólares (unos 315 millones de euros) a sus bancos acreedores, que podrían quedarse con las acciones correspondientes.
Frente a estas informaciones, otras apuntaban ayer a que Eskenazi habría pedido a los acreedores una ampliación del plazo de pago, quizás de un par de meses. Portavoces del grupo Petersen no han querido hacer declaraciones, informó ayer Efe.
En 2008, los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa concedieron un préstamo por unos 1.018 millones de dólares al grupo Petersen para comprar el 14,09% de acciones de YPF a Repsol, que, a su vez, le prestó otros 1.015 millones de dólares. El año pasado, al ampliar su participación al 25,46%, Petersen recibió otros dos créditos por unos 670 millones de dólares, respectivamente, por parte de los bancos Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, y de la propia Repsol.
Tras la expropiación, que ha afectado a un 51% del 57% en manos de Repsol, el accionariado de YPF se reparte entre el Estado argentino (26,03%), el grupo Petersen (25,46%), las provincias petroleras (24,99%), Repsol (6,43%) y el 17% cotizando en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
La confiscación de las acciones de Repsol fue justificada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la falta de inversiones del grupo español y "el vaciamiento" de YPF. Según el acuerdo al que llegó Repsol con el Gobierno argentino, tras la incorporación del grupo Petersen al accionariado de YPF, los accionistas se repartirían anualmente el 90% del beneficio en dividendos para permitir al empresario argentino pagar sus préstamos. Con la nacionalización desaparece el reparto de dividendos y la reinversión del beneficio en el negocio de exploración y producción, lo que impide a Eskenazi hacer frente a sus obligaciones de pago.
Repsol informó este lunes que ha enviado una carta a la presidenta argentina en la que declara una controversia en el proceso de expropiación, con lo que dio el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional, nunca antes de seis meses.
Además, Repsol ha presentado junto con un fondo de inversión estadounidense, Texas Yale Capital, una demanda, abierta al resto de inversiones, en un tribunal federal de Nueva York, en la que solicitan que Argentina lance una opa por el 100% de YPF, según el precio tasado que figura en los estatutos de la compañía y la ley de privatización de la misma.
YPF sigue bajo la intervención gubernamental y gestionada de forma provisional por el ingeniero Miguel Galuccio, hasta que en la junta que ha sido convocada para el próximo 4 de junio se confirme el equipo directivo y se designe un comité de auditoría para cumplir con regulaciones y evitar el cese de la cotización de sus acciones en ese mercado, que exige la existencia de dicho comité.
