El informe, para el que se entrevistó a cerca de 1.200 directivos de 33 países, sitúa a España a 24 puntos porcentuales de la media europea, que se sitúa en el 8%. El estudio señala que el 24% de los encuestados españoles asegura haber sufrido en su empresa un caso de soborno o corrupción, mientras que la media de Europa es del 10%.

Además, el 20% de los directivos españoles reconoce que le han ofrecido un soborno para conseguir un contrato frente al 13% obtenido de media en los países del Viejo Continente.

Según el informe, el 50% de los encuestados españoles considera que existe la sensación de que la presión regulatoria no ha aumentado en los últimos cinco años, frente al 40% que mantienen que sí se ha notado un endurecimiento normativo.

Por lo que respecta a las consecuencias de las prácticas corruptas, el estudio apunta, en primer lugar, a las derivadas de la incapacidad para seguir creciendo o expandiendo su negocio, seguidas de las multas y penas impuestas, la posibilidad de que los empleados vayan a la cárcel, los posibles litigios por parte de competidores y accionistas, y quedar fuera del mercado.

Respecto a la atención que prestan las empresas a los riesgos de las prácticas corruptas, el estudio muestra que el 53% de los encuestados en España asegura haber realizado una 'due diligence' anticorrupción en un proceso de fusión o adquisición de una empresa, frente a la media europea que se queda en el 47%.