Las entidades de gestión prevén demandar al Gobierno por el nuevo 'canon digital'
Las entidades de gestión de derechos estudian llevar a cabo acciones judiciales contra el Gobierno español. Consideran que el nuevo sistema establecido por el Ejecutivo, que contempla que la compensación por copia privada se cargue a los Presupuestos Generales del Estado y fija para ello una partida de cinco millones frente a los 115 de 2011, es contraria a la directiva europea y a la jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo.
Ibau y CopyEspaña, plataformas de las entidades de gestión de derechos, planean denunciar al Gobierno por el nuevo sistema español de remuneración por copia privada que sustituye al viejo canon digital. "Estamos haciendo un análisis exhaustivo de todos aquellos aspectos del Real Decreto [aprobado el pasado 7 de diciembre] que consideramos son contrarios a la legislación en aspectos de propiedad intelectual y de legislación comunitaria y en cuanto lo terminemos tomaremos la decisión de si recurrimos o no la nueva legislación española", explica a CincoDías Rafael Sánchez, portavoz de las citadas plataformas.
Sánchez da por hecho que finalmente tendrán que tomar alguna clase de acción judicial, porque "muchos aspectos son contrarios a la directiva europea sobre copyright y a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, ya que el nuevo sistema no vincula la remuneración al acto de copia privada, sino a una limitación presupuestaria, marcada por la contención del déficit público, y no estima de forma satisfactoria el grado de daño sufrido por los titulares de los derechos".
Ibau y CopyEspaña esperan tener listo el análisis para mediados de enero y será entonces cuando adopten la decisión. "Plantearemos si cabe un recurso contencioso administrativo en los tribunales españoles y notificaremos en la demanda europea que tenemos planteada cómo se ha desarrollado este Real Decreto que incumple la directiva", continúa Sánchez.
El representante de las entidades de gestión subraya que es "obvio" que si con el antiguo sistema se daba a las entidades de gestión 115 millones y ahora se dan cinco se ha roto el principio de equidad al que obliga la legislación europea. "El nuevo sistema es más injusto, menos equitativo y está más alejado de la práctica totalidad de lo que hacen el resto de países europeos", continúa. En este sentido, Sánchez señala que antes pagaban el canon digital la gente que compraba equipos que permitían hacer copias, "pero ahora lo pagan todos los españoles, copien o no. Y no solo las personas, también las empresas vía impuestos, cuando la sentencia Padawan dijo que había que modificar la ley para que las empresas no pagasen la compensación por copia privada".
La decisión de las entidades de gestión de emprender acciones legales parece clara:_"Nosotros tenemos el mandato de defender los intereses de nuestros titulares, y esta remuneración de cinco millones supone un recorte muy serio a sus derechos de recibir una compensación equitativa por la copia privada", continúa Sánchez.
El portavoz de Ibau y CopyEspaña insiste que la compensación que había antes de 115 millones es acorde con lo que reciben las entidades de gestión de los países del entorno de España. "En Francia, la recaudación por copia privada en 2010 fue de 188 millones, en Alemania de 243 millones, en Italia de 51. Así que si valoramos la propiedad intelectual en cinco millones lo que estamos haciendo es poner a España a la altura de Burkina Faso, Letonia o Rumania".
Sánchez añade que, incluso si se aplicara el mismo criterio de Noruega, único país en Europa que hasta ahora cargaba la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado, "la remuneración que deberíamos recibir sería de unos 50 millones, pues ellos marcan una remuneración de 1 euros por habitante/año". En el caso español son 11 céntimos.
Sánchez apunta que las entidades de gestión temen que el Gobierno limite la copia privada. "Es la única manera que tienen para intentar justificar ante Bruselas que el daño por copia privada puede haberse reducido. El portavoz de Ibau y CopyEspaña dice que se han filtrado documentos en la red con el sello de Cultura donde se deja entrever que se va a limitar el concepto de legalidad de la copia. "Aunque señalan que no es el texto en el que están trabajando actualmente, no han negado que sea suyo y en él ya se plantea la intención de limitar la copia legal, lo que nos llevaría a un modelo más parecido al del Reino Unido donde la copia privada está prohibida. Esto es algo que no queremos porque supondría considerar actos ilícitos copias que ahora son legales y obligaría a perseguir a muchos usuarios", señala.
Reformas en la Ley de Propiedad Intelectual
Ante el temor de las entidades de gestión de que "muchas copias privadas quedarán en el saco de la ilegalidad", según advierte el portavoz de Ibau y CopyEspaña, este periódico se puso ayer en contacto con el Ministerio de Cultura para conocer si ese es el objetivo del Gobierno. Un portavoz aseguró que no comentan "nada sobre el contenido del borrador" de la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que ultima el Ejecutivo y que pretende sacar a información pública. "No vamos a hacer declaraciones hasta que no esté cerrado el documento", insistieron.Sin embargo, otra fuente conocedora del trabajo del Ministerio y que prefiere permanecer en el anonimato, aseguró que las nuevas tendencias de consumo de contenidos ligados a la nube y al streaming "hacen repensar mucho lo que es la compensación por copia privada". La misma fuente subrayó que el sistema anterior de canon digital "estaba hecho en base a una ley de 2003, muy basada en las copias analógicas, pero la copia privada como tal está siendo ya residual", sostiene.Pese a ello, la Sociedad de Autores europeos Audiovisuales, que representa a 120.000 directores y guionistas, presentó ayer una queja ante la Comisión Europea contra el nuevo sistema español de remuneración por copia privada. Los autores consideran insuficiente los cinco millones y acusaron al Gobierno español de haber hecho "un regalo de Navidad de 110 millones de euros a la industria tecnológica", ya que según denuncian el precio de los dispositivos electrónicos no ha bajado. Desde Cultura defienden que "el cálculo del daño por copia se ha hecho según una serie de estadísticas y que los cinco millones son un adelanto, porque la remuneración será a ejercicio vencido y la cifra definitiva de 2012 se conocerá en el primer semestre de 2013", añadieron.