Empresas de Internet recurren el reglamento de la 'ley Sinde' ante el Supremo

La Red de Empresas de Internet (REI) y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), que engloba a más de 500 empresas (entre ellas Telefónica, El Corte Inglés o BuyVip) han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 18889/2011 de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, previsto en la Ley Sinde-Wert.

Ambas organizaciones solicitan como medida cautelar la suspensión del Capítulo VII relativo al "Procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" de dicho Decreto, por considerar que su entrada en vigor causaría un grave daño al desarrollo de empresas e iniciativas con base tecnológica o digital en nuestro país, debido "a la gran inseguridad jurídica que genera y a los riesgos que tendrían que asumir con la aprobación de esta normativa". Algo que impactará en la recuperación económica y la creación de empleo.

Según se expone en este recurso, REI y adigital interpretan que la actual redacción del Reglamento dota a la Administración de un mecanismo para suspender o cerrar una web, un servicio o retirar contenidos sin intervención de ningún órgano judicial, vulnerando así, entre otros, la tutela judicial consagrada en la Constitución o la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Asimismo, aseguran que el texto se "extralimita "respecto al mandato que hizo el Parlamento en la Ley de Economía Sostenible.

Para estas asociaciones, la norma, lejos de pretender la defensa de los intereses generales, tanto de las empresas como de los ciudadanos, lo que hace es auspiciar los intereses particulares de un grupo reducido, dando respuesta así a las peticiones de determinados grupos de presión.

En cuanto a los argumentos relativos a la necesidad de instaurar un sistema de actuación rápido en el entorno de Internet "ante la estructural lentitud de nuestra Administración de Justicia", REI y adigital proponen que se dote a Juzgados y Tribunales de medios adecuados en lugar de crear órganos administrativos al margen de organismos judiciales y que se adapte la Ley de Propiedad Intelectual a los tiempos actuales.