El año energético no ha podido empezar peor. Tal y como se veía venir, al Gobierno le ha estallado entre las manos la bomba de relojería del déficit de tarifa con la que se dedicó a juguetear a lo largo del año pasado. Primero, anunciando reformas que, por si alguien lo ponía en duda, han resultado inútiles simulacros y, después, dedicando meses y meses a crear unos impuestos a la generación eléctrica y al consumo del gas natural que perjudicarán a todos y apenas servirán de paliativo. Y la bomba le estalló el último día del año cuando se habían agotado todos los números de la ruleta.
Sin ningún respeto administrativo o institucional y para escándalo de empresas y consumidores, el Gobierno abrió la espita para dar vía libre a la titulizaión del voluminoso déficit acumulado en 2012 utilizando para ello una ley sobre protección de empleados del hogar publicada en el BOE el 31 de diciembre. Antes, al menos, se lamentan en el sector, había leyes de acompañamiento de los Presupuestos, las llamadas leyes escoba, para introducir modificaciones de última hora.
A través de dos artículos y una disposición adicional, esa norma del ámbito del Ministerio de Empleo, anula la obligación del Gobierno de poner fin en 2013 al endiablado mecanismo de déficit de tarifa ex ante titulizable y la de limitar el generado en 2012 a solo 1.500 millones de euros, tal como figuraba en el RDL de medidas energéticas de julio de 2009 (esa cantidad aumenta ahora en casi 4.000 millones). La norma hasta ahora vigente, fijaba un calendario para terminar este año con la lacra de los desfases en los peajes eléctricos y establecía que los ingresos de la tarifa debían ser suficientes para sufragar los costes del sistema.
El fuerte déficit acumulado en 2012 no era, lógicamente, ningún secreto para el Gobierno, pues las liquidaciones provisionales de la CNE lo iban cantando mes a mes. Algo, al parecer, sin importancia para el ministro de Industria, José Manuel Soria, que insistió hasta el último momento en que su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, pagaría la factura. De hecho, la propuesta de diciembre sobre la orden de peajes eléctricos de 2013 elaborada por Industria y aún sin aprobar, señala que los Presupuestos del Estado se harían cargo este año del déficit superior a los 1.500 millones.
Fantasías de Soria o una mala gestión del equipo de Mariano Rajoy, lo cierto es que, una vez comprobado que los Presupuestos (aprobados paradójicamente por el mismo Gobierno que elaboró la orden de peajes) daban la espalda a la deuda eléctrica, esta no podía quedar en un limbo legal. De ser así, las cinco grandes eléctricas acreedoras de la misma y que la financian en tanto se tituliza, exigirían al Tribunal Supremo la facturación a los consumidores del exceso (los citados casi 4.000 millones de euros) a lo largo de este año. Y, con toda probabilidad, como ocurrió el año pasado, el Alto Tribunal daría la razón a las empresas a la vista del incumplimiento flagrante de la ley de 2009 por parte del Gobierno.
Precisamente, el primer gran error de Soria tras su llegada al ministerio, y que condicionaría luego toda su gestión a lo largo del año, fue el de no incluir en la orden de peajes de 2012 una importante partida (la de los costes extrapeninsulares por más de 1.500 millones) que correspondía asumir a los Presupuestos, pero que estos despreciaron.
El Supremo impuso entonces medidas cautelares que se saldaron con la refacturación de los consumos de seis meses de todos los clientes. Hay quien afirma que el real decreto ley de marzo por el que se recortó la retribución de la distribución en 700 millones alas eléctricas de Unesa en 700 millones fue la venganza de Moncloa.
El segundo error del ministro canario fue aprobar una moratoria renovable sin incluir a las plantas termosolares que ya figuraban en el prerregistro de Industria. Estas han acelerado su puesta en marcha, hasta el punto de que su producción se ha incrementado un 100% en 2012, con lo que se han disparado las primas que sufragan los peajes y que este año superará los 9.000 millones, casi la mitad de todos los costes del sistema.
El Gobierno ha decidido eliminar los techos del déficit argumentando que el descenso de los ingresos debido a la crisis económica no le dejaba otra opción si no quería perjudicar en el corto plazo a los consumidores. Argumento este que también era válido hace un año, cuando la situación financiera de las eléctricas no era tan grave.
En todo caso, el Ejecutivo de Rajoy debe resolver ahora una cuestión: eliminada la obligación de déficit cero para este año, ¿en qué régimen legal queda el que se genere? ¿se titulizará todo o se establecerán nuevos topes? De lo que no hay duda, y Soria deberá abandonar ese discurso, es que el Estado no va a pagar los platos rotos del recibo de la luz.
