Las eléctricas piden un año de plazo para poder aplicar la tarifa social

La semana pasada, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, cosechó un gran triunfo político al anunciar en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la creación de una nueva tarifa social, que se aplicará a la primera residencia de los clientes que tengan contratada una potencia inferior a 3 kW. Dichos beneficiarios, que el Gobierno cuantifica en 4,5 millones de hogares (cifra que no encaja con los datos de las empresas), quedarán exentos de pagar el término fijo de potencia de su recibo de la luz. También anunció una mayor progresividad de la tarifa, con un tramo gratis para todos y penalizaciones a partir de ciertos niveles de consumo, que aún no han sido determinados.

Sin embargo, el día después está resultando menos triunfal. Con los datos en la mano, han surgido muchas dudas sobre la aplicación de una medida, que, en principio, se incluirá en la orden de tarifas del 1 de julio. Así, fuentes de las compañías eléctricas aseguran que ¢a corto plazo, será imposible adaptar la tarifa social y menos aún la progresividad, pues en el primer caso, no podremos cobrar la potencia y, en el segundo, hay unas horas gratuitas y unas penalizaciones, que deben incluirse en el recibo¢.

Las mismas fuentes aseguran ¢que las empresas han advertido al ministerio que necesitan un plazo de entre seis meses y un año para la adaptación de los sistemas informáticos a las nuevas tarifas¢. Pero, teniendo en cuenta que la tarifa social sólo se aplica a la primera residencia, la gran dificultad será identificar qué puntos de suministro corresponden a una primera residencia, pues la distribuidora no tiene esos datos.

Se da la circunstancia de que las segundas residencias (como viviendas en la playa, el campo o para otros usos) suelen tener menos potencia contratada, por lo que la picaresca podría estar servida. Por su parte, se desconoce qué ocurrirá con la actual tarifa social para potencia inferiores a 1kW, que, como asegura una empresa se contratan ¢para portales y cabinas de teléfono¢.

La aprobación de esta medida se incluirá en la orden ministerial de tarifas de julio, que no exige un desarrollo reglamentario, aunque fuentes próximas al ministerio, consideran que éste deberá incluir una disposición transitoria.

La mayor coincidencia de las empresas es la dificultad de averiguar cuál es la primera residencia de unos clientes que, en realidad, tienen la consideración de ¢puntos de suministro¢. Las mismas fuentes señalan que lo más probable es que la distribuidora, que sí tiene la lista de los suministros con potencia inferior a 3kW, tengan que preguntar a sus clientes cuál es su primera residencia.

Si es así, aseguran en el sector, se podrán dar casos de fraude. Y si a las distribuidoras se les obliga a comprobar estos datos ¢se les estará exigiendo una función pública que no les corresponde y que debería asumir algún órgano oficial¢, añaden.

Entre 150 y 200 millones

Lo que no parece preocupar a las empresas es el coste de eliminar el término de potencia de la nueva tarifa social. æpermil;ste se sitúa, según los cálculos del sector, entre 150 y 200 millones de euros, en función del número de hogares que finalmente se concrete.

El ministro de Industria lo cuantificó en un ahorro del 10% para dichos hogares. Y es que, además de ser un coste reducido, las empresas saben ¢que es una subvención que pagarán unos consumidores a otros¢, señalan. Más clara resulta, añaden, dicha subvención en el caso de la tarifa progresiva, que afecta a todos (incluidos los de la social).

Si el tramo gratuito es por horas, los que tienen menos potencia contratada se beneficiarán menos frente a los que tienen más potencia. De esta manera, hay clientes a los que podría compensar contratar más potencia, pues la progresividad les sería más beneficiosa que la tarifa social. En otras palabras, sería mejor descontar a todos lo mismo. En todo caso, el tramo gratuito está por determinar y también los que penalizarán los mayores consumos.