Las eléctricas estudian presionar a la CE contra las medidas del carbón
Las empresas eléctricas no descartan presionar ante Bruselas contra la norma que incentiva el consumo del carbón en sus centrales térmicas. La norma, que podría suponer una ayuda de Estado, se aprobó el viernes "sin efecto" condicionada a que la Comisión Europea se pronuncie en este sentido. Las eléctricas la han criticado duramente.
El real decreto que incentiva el consumo de carbón nacional para producir electricidad que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes sigue sin ser publicado en el BOE. Además, algo sin precedentes, la norma fue aprobada "sin efecto" (así figura en una cláusula) a la espera de que la Comisión Europea determine si se trata de ayudas de Estado conforme al Tratado de la Unión, a las que deba dar el visto bueno.
La medida, con las que se intenta acabar con el stock de carbón que las centrales térmicas no queman por el derrumbe de la demanda, fue duramente criticada en sendos informes por la Comisión de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Esta última recomendó esperar a recibir el visto bueno de Bruselas para su aprobación, lo que el Gobierno ha hecho "de forma suspensiva", según lo califica el propio Ejecutivo.
Las eléctricas, que son las que recibirían las ayudas al establecerse un precio regulado para el carbón que se utilice y el pago del lucro cesante para las tecnologías desplazadas por él (como el gas), han sido también muy críticas con la medida. El propio consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, calificó el martes la medida como de "inconveniente, insegura" y que "crea tensiones", hasta el punto de reclamar un nuevo marco para la generación.
Dado que su aplicación queda pendiente de una respuesta de la Dirección General de Competencia fuentes del sector aseguran que las empresas han comenzado a hacer maniobras para presionar a Bruselas en contra de los incentivos. En el Gobierno lo temen también, según fuentes próximas al mismo.
Las protestas de Victorino Alonso
Las empresas, que oficialmente niegan las intenciones que se les atribuyen o mantienen silencio, están esperando a ver el texto definitivo para tomar una decisión. Tampoco descartan, si la CE da el visto bueno (por considerar que no son ayudas notificables o porque, de serlo, las consideraran aceptables), presentar una queja formal ante la Comisión. No obstante, en estos momentos, quieren evitar un enfrentamiento abierto con el Gobierno, algunas con la convicción de que Bruselas echará por tierra un real decreto "que no se sostiene".
A través de una resolución que Industria aprobó el pasado mes de julio (para seis meses) y que ha sido prorrogada hasta el verano, el carbón está siendo adquirido por Hunosa, que ha recibido los créditos correspondiente hasta que las eléctricas se lo puedan recomprar, y se ocupa de gestionar su almacenamiento. Se calcula que ya ha pagado más de 600 millones por el carbón extraído en los últimos meses, un proceso cuyo control se desconoce.
Con todo, una de las tres grandes empresas mineras también se queja. Así, los miembros del comité intercentros del grupo Victorino Alonso se manifestaron la semana pasada ante la subdelegación del Gobierno en León, para quejarse del retraso en el pago de algunas nóminas, según su versión, por los problemas en el pago del carbón por parte de Hunosa. Una medida que, fuentes próximas al Gobierno, consideran excesiva pues conocen su compromiso, que se plasmó en el real decreto aprobado el viernes.
Aunque las centrales térmicas pararon el año pasado por la caída de la demanda hay un grupo, el de Compostilla, en Ponferrada, propiedad de Endesa, que ya está generando y consumiendo el carbón que tenía almacenado en sus parques.
Contactos para evitar el choque
El Gobierno español ha mantenido repetidos contactos con la Comisión Europea para intentar que el real decreto en apoyo del consumo del carbón nacional pase a la primera el examen comunitario.Aun así, el texto sigue pendiente de la luz verde de Bruselas y bajo la lupa de dos departamentos comunitarios.Tanto la Dirección General de Competencia como la de Transportes y Energía han confirmado a CincoDías los "contactos informales" con las autoridades españolas, pero ni una ni otra se han pronunciado todavía oficialmente sobre un texto que ni siquiera se ha publicado aún en el Boletín Oficial del Estado.Competencia, bajo la dirección de Joaquín Almunia desde el pasado 10 de febrero, debe revisar si la obligación que se impondrá a las compañías eléctricas de comprar carbón autóctono supone o no una ayuda de estado. Las directivas europeas sobre liberalización del mercado eléctrico permiten imponer esa obligación con carácter de servicio público, pero la medida debe ser "proporcionada, no discriminatoria y transparente".La Dirección General de Energía (que desde la semana pasada actúa separada de la de Transportes) también investiga de manera informal si el régimen transitorio que obliga a Hunosa a comprar los excedentes de minería del carbón nacional y almacenarlos es compatible con la legislación comunitaria.
El silencio de Red Eléctrica
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha justificado la publicación "sin efecto" del real decreto sobre el carbón en que esta compañía necesita dos meses para una adaptación "técnica" que no ha precisado. En el gestor de la redes mantienen absoluto silencio sobre el comentario. Otras fuentes creen que la norma, condicionada a lo que diga Bruselas, se ha aprobado para acallar a los mineros que ya amagan con movilizarse. De momento, Hunosa está pagando con dinero público a las empresas mineras. Pero ¿tendrían éstas que devolver el dinero si la CE considera ilegales las ayudas?