Las eléctricas denunciarán la quita del déficit como ayuda de Estado

Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) tienen preparada su artillería judicial contra una hipotética aplicación por parte del Gobierno de una quita del déficit de tarifa que, a 31 de diciembre, sumaba 24.000 millones, de los que casi la mitad figuran aún en sus balances y sigue creciendo de día en día. Si en la reforma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está diseñando para resolver este agujero opta por una quita, se las tendrá que ver con las eléctricas de Unesa en Bruselas.

Una "expropiación" de este derecho de cobro, según la ha calificado la patronal, supondría la modificación de una norma con rango de ley, concretamente, la Ley Eléctrica, por lo que las afectadas no podrían recurrir a los tribunales nacionales. Pero sí a la Comisión Europea, a la que elevarían una queja contra una medida que consideran una "absoluta ayuda de Estado", de la que se estarían beneficiando sus competidoras del mercado de generación que no asumen su coste.

El reparto de la financiación del déficit de tarifa que el Gobierno socialista incluyó en un real decreto ley en 2005 siempre fue considerado una arbitrariedad, y no solo por las cinco grandes eléctricas a las que les "cayó el muerto". De hecho, siendo el déficit un desajuste de ingresos de las actividades reguladas (esto es, de las redes) su financiación no ha corrido a cargo de las distribuidoras, como debería, sino de las grandes generadoras de los cinco grupos incumbentes que cuentan con filiales de distribución.

Industria optó entonces por una solución poco ortodoxa al entender que las distribuidoras no contaban con recursos suficientes (sus ingresos rondan los 5.000 millones de euros anuales) para financiar el déficit, lo que hubiese provocado su quiebra. El polémico mecanismo era el siguiente: las distribuidoras que entonces recaudaban el dinero de los consumidores (desde julio de 2009 lo hacen las comercializadoras) se quedaban con la retribución que les correspondía y, el resto, lo liquidaba la Comisión Nacional de Energía (CNE) al resto de beneficiarios, siendo las últimos en cobrar las generadoras.

Si la liquidación no resultaba suficiente (lo que viene ocurriendo desde hace más de una década) las grandes eléctricas se convertían en acreedoras de un derecho de crédito con unos intereses no siempre exentos de polémica (en un primer momento se les aplicó el euríbor, un sistema que el propio ministerio consideró injusto, y más tarde el precio del mercado). La deuda se titulizaba posteriormente entre entidades financieras y desde hace un año se emite con el aval del Estado.

Sin embargo, desde 2005, la estructura productiva ha dado un vuelco, con la irrupción en el mercado de nuevas instalaciones de renovables (de grandes grupos como Acciona o Solaria) y muchos ciclos combinados de gas que explotan empresas ajenas a Unesa. Así, en 2010, del total de la potencia instalada (101.000 MW) a estas les correspondía una cuota del 62% (cifra similar en el caso de la producción) y el resto a sus competidoras.