Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto las compañías eléctricas tuvieron que internalizar el coste que supone emitir CO2 y el Gobierno les asignó una serie de derechos gratuitos, que las compañías contabilizaron como costes y repercutieron en las tarifas.

Una normativa posterior obligó a las eléctricas a devolver estas cantidades para el periodo 2005-2007 y, otro Real Decreto, extendió esta obligación al periodo 2008-2012.

Así, esos 1.300 millones -una cantidad aún provisional- resultan de calcular lo que equivaldría al ingreso obtenido por internalizar en las ofertas de venta el coste de estos derechos gratuitos en 2008 y el primer semestre de 2009.

Dentro del proceso normativo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha informado hoy "favorablemente" sobre la propuesta del Ministerio de Industria para regular estos pagos en los citados periodos.

La propuesta de Industria, a la que ha tenido acceso Efe, establece dos fórmulas de cálculo de pago en función de las instalaciones que sean asignatarias de derechos de emisión en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 y las que no.

Una vez que entre en vigor la orden, la CNE tendrá dos meses como máximo para notificar las cantidades a las empresas y el Ministerio de Industria y, a partir de ahí, las empresas tendrán dos meses para ingresar las cantidades. La cantidad devuelta se usará para reducir el déficit tarifario, el desfase existente entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico.