Los equipos de regulación y jurídicos de las empresas eléctricas están estudiando contra reloj la propuesta de orden ministerial de peajes para el 1 de enero, sobre la que tendrán que opinar la semana que viene en el consejo consultivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Dicho consejo lo integran, además de las empresas del sector, las organizaciones de consumidores y las comunidades autónomas. De momento, la medida que consideran más conflictiva es la de los peajes progresivos (que serán mayores en función de la potencia y del consumo al mes) que se aplicarán a los consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a 10 kW (un total de 26 millones).
Aunque entre las grandes eléctricas consideran que la intención es buena (el objetivo que el Gobierno alega es evitar el derroche de energía y lograr una mayor eficiencia energética), su aplicación "va a ser caótica", señalan fuentes empresariales. Por un lado, obligará "a adaptar los sistemas informáticos de las distribuidoras, lo que conllevará un coste económico" y, por otro, va a provocar una ola de quejas entre los clientes, "que no tienen a día de hoy referencia alguna de lo que se considera o no derroche".
Otras fuentes del sector y las asociaciones de consumidores la consideran una medida recaudatoria y una forma encubierta de subir los peajes. El propio Gobierno, consciente de que si no los sube será denunciado una vez más ante el Supremo por las eléctricas que financian el déficit de tarifa (que se sufraga con los peajes), no parece confiar demasiado en que la progresividad que plantea vaya a suponer ahorro alguno, sino todo lo contrario.
De hecho, según la propia orden de peajes, con el nuevo sistema se recaudarán 280 millones de euros en 2013, sobre los 6.700 millones que es la factura de los domésticos afectados. Esto supone un incremento medio del recibo del 4,3%, aunque las diferencias serán grandes entre unos clientes y otros según la potencia contratada y sus consumos. En todo caso, según datos que manejan en el sector, prácticamente todos los domésticos se verán afectados, ya que para librarse del nuevo peaje (que se añade al que esté en vigor en cada momento) hay que consumir un máximo de 2.200 kW al año y la inmensa mayoría supera ese umbral.
Otra cuestión técnica que puede convertir en un caos la medida es que estos recargos se deben aplicar sobre el consumo mensual y con lecturas reales del contador, cuando las compañías no están obligadas a realizar lecturas mensualmente sino cada dos meses. De hecho, una de las reclamaciones de las empresas en la CNE será que, al menos, estos peajes se apliquen sobre consumos de dos meses y que se restablezca la antigua facturación bimestral para todos.
El nuevo mecanismo ha sido contestado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advirtió el viernes que estas subidas "disfrazadas" pueden ser del 7% en los casos extremos o de 200 euros más al año y recordó que aún falta la subida de la tarifa de último recurso (TUR) que con toda probabilidad fijará precios en la subasta del 21 de diciembre. Según los cálculos de la organización, los nuevos peajes suponen un encarecimiento de la factura media de unos 22 euros anuales, de forma que un hogar medio que tenga contratada una potencia de 3,45 kW y realice un consumo anual de 3.500 kWh pagará al año por su recibo de la luz unos 778 euros.
Además, señala la OCU, la tarifa de discriminación horaria tendrá penalizaciones un 40% mayores, ya que el recargo se aplica con consumos más bajos. Con solo 876 kWh de consumo al año ya tienen recargo frente al límite de 2.200 kW del resto de clientes.
Los tributos españoles hacen subir la luz en Portugal
El organismo regulador de la energía de Portugal (ERSE) ha emitido un informe en el que atribuye la propuesta de subida de las tarifas eléctricas del país vecino a partir de 2013 (de un 2,9%) a los nuevos impuestos sobre la electricidad y el gas natural aprobados por el Gobierno español y que entrarán en vigor el 1 de enero.
En su informe sobre las nuevas tarifas, el ERSE dice haber tenido "en consideración" el precio medio de los contratos de futuros del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) firmados después del anuncio de las medidas fiscales del Gobierno de Mariano Rajoy para atajar el déficit de tarifa. El regulador portugués opina que estas medidas, que repercutirán en el precio de los mercados eléctricos, "permiten prever un encarecimiento de los costes de producción de la energía en 2013".
Si este es el efecto para Portugal, no lo será menos para España, donde el precio de la energía de la factura de la luz de los domésticos con tarifa de último recurso (TUR) se fijará en la subasta Cesur del próximo día 21.
Hay quien calcula que la subida superará el 5%, lo que, unido a las que acarrearán los nuevos peajes progresivos, se traducirá en un verdadero tarifazo en enero.
