Las eléctricas alertan del cierres y problemas con el suministro

El grueso del esfuerzo para reducir el déficit de tarifa recae únicamente en los consumidores y las compañías eléctricas", aseguraba el viernes con contundencia la patronal de las eléctricas Unesa. El Gobierno acababa de anunciar que la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) se encarecerá un 7% a partir de abril. Además, el Consejo de Ministros había aprobado un decreto ley para recortar los costes eléctricos en 1.700 millones, principalmente en distribución, transporte y pagos por capacidad.

Todo esto para que "las, por ahora, tecnologías menos eficientes sigan disfrutando de una rentabilidad privilegiada y de consumo obligatorio, mientras los más eficientes se ven obligados a parar", sentenció Unesa, en clara referencia a las energías renovables, que no han recibido ningún recorte esta vez. "Sigue sin ponerse coto a los 7.000 millones de euros anuales de subvenciones a fotovoltaica y termosolar", claman otras fuentes del sector.

El escenario que se deriva de estas rebajas en los cobros es severo, según las mismas fuentes. En concreto, Unesa entiende que si el Gobierno ha decidido limitar los pagos por capacidad para centrales que sirven de respaldo a las energías renovables "es debido a que considera que existe un exceso de capacidad para atender el vacío que dejan las renovables cuando no están disponibles.

De esta manera, se entiende que habrá que ir adaptando la capacidad a las nuevas condiciones, es decir, habrá que adaptar el número de centrales disponibles". "Se procurará siempre", dijeron, que esta adaptación "no afecte a la garantía de suministro de los consumidores".

En palabras más rotundas, otras fuentes del sector aseguraron que "con las medidas, estas centrales entrarán en pérdidas y su única salida será el cierre. Se perderán puestos de trabajo e inversión en muchas zonas del país", dijeron.

Y lo mismo respecto de las redes de distribución. Si baja la retribución y "las empresas de Unesa adaptan su estructura y sus inversiones al nuevo modelo", esto supondrá un impacto generalizado en el mantenimiento y modernización de las redes.

De hecho, fuentes de la industria señalan que "la reducción de las inversiones en distribución afectará claramente al empleo y retrasará varios años la modernización de la red, alejada ya de estándares europeos". En su opinión, "las comunidades autónomas, algunas de las cuales tienen leyes que obligan a la inversión continuada, verán bajar la calidad de sus redes y la actividad económica en torno a ellas".

También han calificado el recorte de "bajada temeraria del retorno regulado del sector, que ya era el más bajo de Europa, lo que lo situará por debajo de criterios de rentabilidad razonable" y denuncian que estas medidas "no se acompañan con la obligatoria rebaja de los peajes del transporte, coste fijo obligatorio que se cubría con los pagos por capacidad. Si baja la demanda para la distribución, tendrá necesariamente que bajar también para el transporte", afirmaron.