El temor de las grandes eléctricas se ha cumplido. El Ministerio de Industria aprobó ayer la resolución que establece las condiciones (el precio regulado y cantidades) para la quema de carbón nacional en sus centrales térmicas este año. Una obligación que se estableció en un real decreto de 2010 y que requiere de la aprobación de resoluciones periódicas donde se fijan las cantidades y los precios para una decena de centrales ubicadas en las cuencas mineras.

En esta ocasión, las afectadas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, HC Energía y Eon España) no están de acuerdo con la decisión del ministerio de excluir el coste de los nuevos tributos a la energía que entraron en vigor el 1 de enero al determinar el precio regulado. Se trata, en el caso del carbón, del llamado céntimo verde (un tipo del impuesto de hidrocarburos), que las centrales pagan a las empresas mineras cuando se lo suministran y el impuesto del 7% a la generación. La medida no es nueva, pues ya figuraba en la propuesta de resolución contra la que alegó el sector en bloque ante el ministerio.

De hecho, ante la sospecha de que el departamento que dirige José Manuel Soria no daría su brazo a torcer, las empresas ya tenían preparada una denuncia contra dicha resolución ante la Audiencia Nacional, en la que pedirán, según fuentes empresariales, medidas cuatelarísimas y, en su defecto, cautelares para no comprar ese combustible en tanto se resuelva el contencioso. La denuncia se presentará a la mayor brevedad, indican fuentes del sector, pues, una vez publicada la resolución, REE debe incluir las centrales térmicas disponibles en sus programas semanales para que las empresas retomen la compra de carbón. Aunque las renovables que cobran un precio regulado tampoco pueden repercutir el impuesto a la generación, este no es el caso, según las afectadas, "porque ellas no están obligadas a producir y nosotros sí".

Además, frente a lo previsto, las eléctricas están obligadas a aumentar la producción con este combustible respecto al año pasado: 20.052 GWh frente a algo más de 18.000 GWh, lo que supone un total de siete millones de toneladas. Una parte, 3.852 GWh, corresponde a la energía incluida en resoluciones anteriores de 2011 y 2012 que no se generó.

En una nota de prensa, el ministerio señalaba ayer que este año el volumen de carbón a quemar será inferior (5,7 millones de toneladas) al del año pasado (seis millones de toneladas), pero en estos datos solo tiene en cuenta el mineral nuevo. Entre este y el no quemado suman los citados siete millones de toneladas, si bien, 690.000 no son de nueva extracción, sino del almacenamiento estratégico.

Las centrales que más carbón deberán quemar son Teruel (5.798 GWh, más 1.674 GWh de años precedentes) y Compostilla (4.824 GWh y otros 818 GWh de 2011 y 2012), ambas de Endesa. De esta resolución ha desaparecido la central de Escucha, de Eon, que ha sido cerrada.

El Gobierno ha dejado pendiente el suministro de 90.000 toneladas por parte Carbonífera del Ebro, que suministraba a dicha planta, "y la consiguiente obligación de adquisición por parte de alguna central", tras no alcanzar un acuerdo con Endesa para recibir dicho suministro.