Los dueños de la AP-41 piden 420 millones ante el Supremo

La concesionaria de la autopista de peaje Madrid-Toledo (AP-41) ha recurrido, finalmente, al Tribunal Supremo para tratar de mantener la viabilidad económica del proyecto. Los socios que gestionan la vía (Isolux-Corsan, Comsa, Azvi, Sando y el banco Espírito Santo) quieren que el Alto Tribunal obligue al Ministerio de Fomento a restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, que desde su entrada en servicio en 2007 acumula ya unas pérdidas de 28,8 millones de euros, informó ayer la concesionaria.

Las empresas, que ya han invertido unos 400,3 millones en la construcción de la vía y prevén desembolsar otros 100 por el sobrecoste de las expropiaciones, acuden a la vía judicial después de que la delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peajes (dependiente de Fomento) no atendiera una reclamación por parte de los socios pidiendo 420 millones en concepto de daño económico. Fuentes de la concesionaria afirmaron que ésta es la misma cantidad que se pide ante el Supremo.

Cambio de condiciones

La sociedad entiende que se han producido hechos sobrevenidos, no atribuibles a la empresa, que han alterado "gravemente" las condiciones esenciales del contrato concesional, "arruinando su viabilidad".

Estos hechos son dos: en primer lugar, la conversión de la carretera M-407 (que discurre en parte en paralelo a la AP-41) en autovía gratuita sólo cuatro meses después de que entrara en servicio la vía de peaje Madrid-Toledo. Algo que, según las empresas, no estaba previsto en ningún plan de infraestructuras.

El segundo hecho que ha alterado las condiciones del contrato inicial, según los demandantes, es la no construcción de la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba, prevista para 2009-2010 y que se consideraba una prolongación de la autopista de peaje.

"La no ejecución de dicho itinerario ha afectado por completo a la AP-41, que ha perdido, así, su funcionalidad como enlace eficaz entre Madrid y Toledo y la de servir de unión, en un corredor, con el sur de España, evitando el paso por Despeñaperros, cuyo potencial de generación de tráfico permitiría alcanzar los tráficos esperados en la oferta", señalaron ayer desde la sociedad.

Según datos de la concesionaria, había 16.000 tráficos previstos que, en la realidad, han quedado reducidos a unos 1.800. "Como consecuencia de esta alteración, que ha generado una problemática diferente a la que padecen las autopistas radiales de Madrid, los ingresos por peaje han disminuido a la octava parte de los establecidos como base en la concesión", añadieron.

Para paliar el déficit de ingresos, la concesionaria entiende que serán necesarias "importantes aportaciones económicas anuales" no contempladas en el contrato. A día de hoy, la concesión es "económicamente inviable", resumió el directo general de la sociedad, Félix Villaluenga.