La distribución tratará de enmendar en el Congreso el proyecto de Ley de Comercio
La distribución tratará de introducir cambios en el proyecto de Ley del Comercio minorista durante su tramitación parlamentaria. El Gobierno aprobó el viernes el texto que deja en manos de las comunidades la definición de gran superficie y no establece un marco estatal común.
Preveían que el proyecto de ley de comercio no iba a satisfacer sus peticiones y así ha sido. El Gobierno dio luz verde el viernes al proyecto de ley del sector minorista que no supondrá grandes cambios, ya que permite a las comunidades seguir regulando la implantación de grandes superficies. De esta forma, el Ejecutivo no establece un marco común para el conjunto del Estado y permite a las autonomías determinar cuáles son los metros que definen a una gran superficie.
Por ello, tanto las empresas de supermercados como los híper manifestaron su decepción con el texto elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En esa línea, tratarán de introducir cambios durante el trámite parlamentario que, previsiblemente, se iniciará en septiembre a la vuelta de vacaciones. Algo poco probable, al haber manifestado CiU su apoyo al proyecto de ley. En la misma línea están los pequeños comerciantes, satisfechos con la normativa.
El Gobierno se ha visto obligado a redefinir la Ley del Comercio al tener que transponer la Directiva Europea de Servicios. Pero en España la regulación del comercio minorista está transferida a las comunidades autónomas y serán éstas las que, en última instancia, tengan que adaptar la directiva y regulen cómo se autoriza la instalación de nuevas superficies comerciales. El proyecto de ley (al igual que la directiva) establece que sólo se puede rechazar la concesión de licencias por su posible "impacto medioambiental, urbanístico, o sobre el patrimonio histórico-artístico que, dependiendo de la zona o el territorio, genere el establecimiento sin tener en cuenta la superficie o el formato", señala el Ejecutivo.
Para la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) el actual proyecto de ley "puede dar lugar a conflictividad". "El proyecto renuncia a fijar, con carácter único, criterios compatibles con la Directiva de Servicios", explica Ignacio García Magarzo, director general de Asedas. Además, señala que si la nueva legislación no se modifica en las Cortes, ésta conllevará "un mayor coste para los operadores" por las diferentes regulaciones autonómicas, así como "mayor inseguridad jurídica".
En la misma línea se sitúa la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) que considera que "el Gobierno ha perdido una oportunidad para introducir una reforma estructural en el sector que permita mejorar la eficiencia e impulsar la inversión y la creación de empleo". Entiende que el Gobierno podía haber perfilado "un marco legal más competitivo (...) dejando de lado viejos impulsos proteccionistas". Mientras la Confederación Española de Comercio mostró su satisfacción porque "pone en juego reglas más claras y transparentes".
Los consumidores se quejan por otras razones
No sólo los híper y los supermercados se desmarcan de la estrategia seguida por el Gobierno al elaborar el proyecto de ley de comercio minorista. También algunas asociaciones de consumidores han criticado el texto que llegará a las Cortes. "Lejos de suponer un avance en la liberalización del sector comercial, representa un claro retroceso mediante la consolidación del sistema de licencias comerciales que supone un freno a la implantación de nuevos establecimientos y formatos comerciales", asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)."Lejos de seguir el camino marcado por la Directiva de Servicios de la UE, se aleja de la misma al preservar el sistema de licencias comerciales con carácter autonómico (...) que contribuye en gran medida a crear oligopolios.