La dirección y el comité de GM prorrogan hasta el día 9 la negociación del ERE
La dirección y el Comité de Empresa de General Motors España acordaron ayer prorrogar el periodo de negociación del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) para la planta de Figueruelas (Zaragoza) desde el 2 hasta el 9 de enero.
Este aplazamiento permitirá esperar a conocer el resultado de una reunión que mantendrán el próximo 8 de enero en Alemania la dirección y la representación de GM Europa. La decisión se ha pactado a instancias de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón.
La Dirección General de Trabajo tenía hasta el 2 de enero para decidir si aprobaba el ERE presentado por GM, después de que GM y el comité no alcanzaran un acuerdo sobre las condiciones para los afectados.
Los representantes sindicales reivindican que el nuevo ERE, que afectaría a los 7.500 trabajadores de Figueruelas durante 17 días a lo largo de 2009, establezca los mismos complementos salariales que el anterior ajuste laboral, del que son objeto 600 puestos de trabajo durante un año desde el pasado mes de noviembre.
En todo caso, todo parece indicar que si la demanda no se recupera con rapidez, la planta de Figueruelas se verá abocada a nuevos expedientes de empleo en 2009. Ni la empresa ni los sindicatos se atreven a expresarlo públicamente, pero ambos lo reconocen en privado. Y ésta es la razón que justifica el encastillamiento que ha impedido hasta ahora el acuerdo, pulverizando la tradicional estrategia de consenso que ha venido distinguiendo a la planta en sus 26 años de vida.
La negociación del ERE actualmente en curso fue bastante sencilla. Afectaba a 600 trabajadores, de los que más de la mitad han acabado siendo voluntarios. Llegar hasta el 80% del salario en los días de paro no implicaba demasiados problemas. Pero la situación cambia radicalmente cuando se trata de toda la plantilla (7.500 operarios) y, sobre todo, cuando la carga de trabajo apenas da para una semana en enero. Si se mantienen las actuales circunstancias, llegarán inevitablemente otros expedientes, lo que lleva a que tanto empresa como trabajadores defiendan sus posiciones.
La primera, porque su difícil situación económica le obliga a cuidar al máximo su tesorería. Los segundos, porque, lógicamente, debe resultarles muy difícil aceptar que un ERE presentado apenas dos meses después, y con un aval oficial de 200 millones otorgado a la empresa, empeora las condiciones del anterior y sienta un peligroso precedente de cara a los que pueden avecinarse.