'No con mi dinero'
Los principales accionistas de Martinsa Fadesa optaron, tras un consejo de cinco horas, por el concurso de acreedores en lugar de por una ampliación de capital.
Fernando Martín suele comer en su casa y de ahí regresa andando al trabajo, a su oficina en la sede de Martinsa Fadesa, situada en el número 93 del Paseo de la Castellana, en Madrid. No muy lejos queda el estadio Santiago Bernabéu donde se sentó en el palco como presidente del Real Madrid apenas tres meses en 2006. Pero el lunes el grupo de periodistas que aguardaba a la puerta de la inmobiliaria no le vio acudir. Quizá ese día ni siquiera salió para comer.
A las 16.30 horas estaba convocado en la sede de Martinsa Fadesa el consejo de administración de la que hasta hace pocos meses aspiraba a ser la primera inmobiliaria española y que horas después sacudiría la economía del país al anunciar su entrada en concurso. Fernando Martín tendría el apoyo en el consejo de su hijo, Fernando Martín del Agua, también consejero. Y de sus amigos, también consejeros, Javier Salazar Bello, presidente del grupo Sos Cuétara, con el 2,3% de Martinsa Fadesa y José Manuel Serra Peris, abogado del Estado y consejero independiente.
Frente a ellos, con cara de pocos amigos, Antonio Martín Criado, el empresario malagueño que en 2006 se asoció con el ex presidente del Real Madrid para comprar Fadesa y que en la actualidad tiene el 15% del grupo. También Martín Criado tendría algún apoyo familiar, el de su cuñado, el consejero Rafael Bravo. Tampoco podría tener buena cara Aurelio Izquierdo, representante de Bancaja (la entidad financiera tiene el 5,9% de Martinsa Fadesa) que debería estar pensando en cuando vendió, a finales de 2006, el 5,1% de Metrovacesa por 632 millones. Otra entidad, Ahorro Corporación Financiera, tiene el 3,3% del capital.
La participación de Salazar en Sos Cuétara está valorada en 308 millones y la de Martín Criado en BBVA, en 208 millones
A las reuniones del consejo suele acudir también Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que a través de la sociedad Aguieira Inversiones tiene el 6,9% de la inmobiliaria. El sobrino de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, no se había visto en situación parecida ni de lejos cuando era alto directivo de Inditex.
El profesor del IESE José Carlos Suárez, consejero independiente de Martinsa Fadesa, sí que se había visto ya en una situación parecida: Suárez fue también consejero de Llanera, el grupo inmobiliario que en 2007 entró en concurso, la primera grande del sector que tomaba esa medida.
Y en el consejo una ausencia notable, la de Carlos Vela, el consejero delegado que días antes de que explotara Martinsa Fadesa abandonó su cargo.
Reunidos todos ellos, los consejeros pusieron sobre la mesa dos salidas a la crítica situación del grupo: dejar que la banca acreedora tomara el control de la inmobiliaria o presentar suspensión de pagos. Pero en ningún caso los consejeros se tomaron en serio otra posibilidad: que sus principales accionistas accedieran a llevar a cabo una ampliación de capital.
'Qué no cuenten con ello', 'no con mi dinero', fueron algunos de los comentarios expresados por algunos de los principales accionistas ante el más mínimo planteamiento de aportar capital propio para eludir la entrada en concurso, comentan fuentes cercanas al consejo de administración de la empresa.
Eran ya cerca de las diez de la noche cuando Martinsa Fadesa comunicaba su decisión de solicitar su entrada en concurso voluntario, la mayor suspensión de pagos habida nunca en España.
Durante el día de ayer políticos de todos los partidos se refirieron a la suspensión de pagos de la inmobiliaria. Asociaciones en defensa de accionistas, de consumidores, de banca dieron su opinión. El vendaval Martinsa Fadesa arrastraba en Bolsa al resto de inmobiliarias y contagiaba a entidades financieras cotizadas y grupos de construcción. Un ejército de abogados se ponía manos a la obra.
Martinsa Fadesa insiste en señalar al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Todavía ayer en un comunicado enviado a la CNMV la inmobiliaria aludía a la imposibilidad por parte de la compañía de lograr 150 millones de euros, que de acuerdo a esos comunicados hubiera permitido a la empresa seguir respirando. Fuentes cercanas a Fernando Martín aseguran que el empresario tenía la promesa del Gobierno de que el ICO, dependiente del Ministerio de Economía, acudiría en su ayuda.
Esa cifra era la que Martinsa Fadesa tenía que haber logrado antes del 7 de julio pasado para cumplir con el acuerdo de refinanciación acordado con un grupo de bancos, 45, que asumieron su deuda de 4.000 millones de euros (la total comunicada por la empresa en sus últimos resultados trimestrales asciende a 5.201 millones).
Pero si todo hubiera sido cuestión de 150 millones ¿no podían los accionistas principales haber ampliado capital? Fernando Martín realiza sus inversiones a través de dos firmas, principalmente, Femaral y Almarfe. En la primera Fernando Martín Álvarez controla el 95,39% y su esposa María Jesús del Agua el resto. Según las cuentas de la sociedad presentadas en el Registro Mercantil, de 2007, el 31 de octubre de ese año se acordó, a las 11 horas, la distribución de un dividendo a cuenta por importe de 54,9 millones. Posteriormente, se acordó la entrada de otro dividendo por 17,6 millones. Fernando Martín participa también en la sociedad de capital riesgo Ibersuizas, donde controla el 8%. El último fondo de inversión de la firma cuenta con 500 millones de euros.
Antonio Martín Criado, con el 15% de Martinsa Fadesa, es propietario del 0,5% de BBVA y del 0,3% de Banco Popular, indican fuentes cercanas al empresario malagueño. Según los precios de cierre de ayer de la Bolsa, la participación en BBVA de Martín está valorada en 208 millones y la del Popular en 24,4 millones. Martín Criado es propietario de Láctea Antequerana, una de las mayores productoras de yogures de España.
Sólo la participación que el presidente del grupo Sos Cuétara, Jesús Salazar, tiene en la compañía en Bolsa asciende a 308,3 millones de euros.
El concurso le cuesta al menos 600 millones a la banca
La crisis de Martinsa le va a salir cara al sector bancario. La normativa del Banco de España obliga a los bancos acreedores a provisionar en su cuenta de resultados el 25% del importe prestado a la inmobiliaria. También tienen que trasladar a la partida de activos de dudoso cobro la totalidad del crédito. A lo largo de la jornada de ayer se sucedieron las comunicaciones a la CNMV de la banca acreedora.Caja Madrid anunció que había realizado una provisión de 271 millones de euros para cuya cobertura iba a utilizar la dotación de 750 millones que estableció con las plusvalías de la venta de Endesa. La inmobiliaria adeuda a la entidad madrileña más de 1.000 millones de euros. La caja que preside Miguel Blesa aseguró ayer que, pese a estas dotaciones, sus resultados no se verán afectados. Fuentes de la institución de ahorro recalcaron que el problema de Martinsa Fadesa es de liquidez, ¢y no de activos¢. Las mismas fuentes añadieron que la suspensión de pagos de la inmobiliaria no se tiene por qué extender al resto del sector inmobiliario.La Caixa, por su parte, ha provisionado, con cargo a los resultados del primer semestre, una dotación específica de 192 millones, lo que implica que su riesgo, al menos, es de 768 millones de euros.Banco Popular ha optado por provisionar la totalidad del riesgo correspondiente a este año, lo que supone una dotación de 100 millones, lo que situaría la deuda de la inmobiliaria en 400 millones.Bancaja tiene la peculiaridad de que es accionista y acreedor de Martinsa Fadesa. Participa con un 4% en el sindicado, lo que supone un riesgo de 160 millones. La caja aseguró ayer que ha realizado las provisiones oportunas, pero no especificó la cantidad. Según lo estipulado por el Banco de España, deberían ser 40 millones. Bancaja es el cuarto accionista de la inmobiliaria. Entró en Martinsa en la ampliación de capital previa a la compra de Fadesa, aportando 125 millones. Después compró en Bolsa por valor de 5,1 millones hasta alcanzar el 5,975% del capital. En total 130,16 millones de inversión. Al precio al que suspendió la CNMV la cotización, la participación de Bancaja vale 40,65 millones, lo que supone casi 90 millones de minusvalías latentes.Caja Navarra también es accionista de Martinsa Fadesa, pero aseguró que no es acreedor. Caja Mediterráneo (CAM), por su parte, dijo, sin cuantificar, haber dotado su parte en el crédito sindicato.
El lobby inmobiliario pide ayudas al Gobierno
El G-14, que agrupa a Reyal, Renta Corporación, Realia, Parquesol, Metrovacesa, Colonial, Martinsa Fadesa, Restaura, Rayet, Chamartín, Hercesa, Nozar y Vallehermoso, solicitó ayer apoyo gubernamental. 'El Grupo 14 quiere reiterar una vez más al Gobierno su solicitud de que se pongan en marcha medidas que atenúen el problema de liquidez, con el fin de evitar el efecto encadenado que este problema tiene sobre el funcionamiento de la economía española y la sostenibilidad de la actividad y el empleo', dijo. El G-14, cuyas inmobiliarias asociadas suman una deuda superior a los 30.000 millones restó coherencia a 'los comentarios que bajo el argumento de que el sector ha disfrutado de un largo periodo de crecimiento (...) debe dejarse a su propia suerte'.
La Ley Concursal se enfrenta a su prueba de fuego con una gran empresa cotizada
Hace sólo unos días el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante, Rafael Fuentes Devesa, alertaba de que en la Ley Concursal 'existe una ausencia de regulación sistemática de concursos de macroempresas'. Su compañero, Pablo González-Carreró, titular del mercantil número 1 de La Coruña va a comprobarlo en persona. El único juzgado de lo mercantil de la capital gallega, que ya está colapsado con cientos de casos, va a tramitar el primer gran concurso de una cotizada. El procedimiento que ahora se abre puede resumirse en los siguientes puntos:1 El juez deberá dictar un auto en los próximos días en los que declarará la admisión a trámite del concurso. En el mismo auto se nombrará a los administradores concursales. Al tratarse de una sociedad cotizada uno de los tres administradores será o bien personal técnico de la CNMV o bien un profesional nombrado por el regulador. La declaración de concurso y el nombre de los administradores deberá publicarse en el BOE y en un diario de los de mayor difusión en la provincia donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, así como en uno de los de mayor difusión en la provincia donde radique su domicilio. Estos anuncios contendrán los datos suficientes para identificar el proceso y las formas de personarse en él, porque como recuerdan en el despacho de abogados Quecedo, los acreedores tienen un plazo de un mes desde la última de las publicaciones para comunicar al juzgado su crédito.2 Una vez comunicados los créditos se abre la fase común del procedimiento, durante la cual los administradores concursales (un abogado, un miembro designado por la CNMV y un acreedor relevante) deberán elaborar un informe sobre la situación de la empresa con los estados financieros, un inventario de la masa activa y, en su caso, una evaluación sobre las posibles propuestas de convenio. Además, una vez resueltos los incidentes que surjan por la consideración de los créditos, deberán también presentar el listado definitivo de los acreedores con la calificación que se establece en cada uno de sus créditos.3 En ese momento se abrirá la fase de convenio o de liquidación de la empresa. La compañía anunció ayer que propondrá un convenio anticipado a los acreedores. En cualquier caso debe incluir un plan de viabilidad con plazos de pagos y las condiciones que necesariamente no debe superar una quita del 50% ni una espera superior a cinco años en el pago.4 La junta de acreedores será la encargada de votar si aprueba o no el convenio.5 La liquidación es una opción a la que se puede llegar de no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio o también solicitarse desde el principio. El pago a los acreedores se realizará en función de si son privilegiados (bancos con créditos hipotecarios, Hacienda o la Seguridad Social, por ejemplo), ordinarios (los de todos los compradores de pisos, entre otros) o subordinados (préstamos de socios o de las sociedades del grupo). Los expertos creen que sólo los compradores de viviendas cuyas promociones estén muy avanzadas podrían conseguir acceder a ellas si se llegase a un acuerdo de financiación para anticipar fondos y terminar las obras.
La crisis de Martinsa Fadesa amenaza más de 3.000 puestos de trabajo
Los planes del Consejo de Administración de Martinsa Fadesa para salir adelante de la delicada situación en que se encuentra pasan ineludiblemente por deshacerse de una cuarta parte de la plantilla actual de la compañía. Así se lo comunicaron ayer al Comité de Empresa de la compañía sus responsables de Recursos Humanos, que explicaron en una reunión maratoniana de más de seis horas los detalles del ajuste.El recorte se materializará por imperativo legal a través de un Expediente de Regulación de Empleo -ya que implica a más de un 10% de la plantilla-, que fue presentado ayer ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid y que afectará a 234 de los 880 trabajadores que la inmobiliaria tiene en nómina.Hace apenas un mes, cuando los administradores de la compañía aún confiaban en obtener los 150 millones de euros necesarios para garantizar el acuerdo alcanzado con su banca acreedora para retrasar las obligaciones de pago de 4.000 millones de euros en deuda, la sociedad preveía prescindir sólo de 74 trabajadores.El impacto sobre el empleo de la suspensión de pagos de la mayor inmobiliaria del país no se quedará ahí. La Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA) advirtió ayer que la actividad de Martinsa Fadesa también da empleo a más de 3.000 trabajadores de empresas auxiliares que tienen sus tajos en las distintas promociones de la compañía y a una cifra no cuantificable de trabajadores de sus proveedores.Según medios gallegos, varias empresas que estaban trabajando en la edificación de promociones de la compañía abandonaron ayer sus tareas tras conocer la noticia de que Martinsa Fadesa se iba a declarar en suspensión de pagos, ante la expectativa de trabajar sin recibir nada a cambio.Según algunas fuentes, la inmobiliaria tiene a día de hoy cerca de 25.000 viviendas en construcción.Por lo que respecta a los 234 trabajadores que Martinsa Fadesa pretende despedir, la inmobiliaria les ofrece una indemnización de 25 días por año trabajado, algo que los sindicatos han considerado inadmisible de partida.Empresa y representantes de los trabajadores han fijado un calendario de reuniones para los próximos días al objeto de acordar la salida de estos empleados.Los detalles proporcionados sobre las finanzas de la compañía en la reunión de ayer dejaron muy preocupados a los representantes sindicales. El portavoz de la Federación de Construcción de CC OO, Antonio Garde, no dudó en calificar de 'terrible' la situación económica de la compañía y abogó por diseñar con urgencia un plan de viabilidad para la empresa con el objetivo de que detrás de esos 234 trabajadores que saldrán de la empresa en las próximas semanas 'no vayan los 600 restantes'.