Hoy es un día clave para determinar el precio final de la factura de la luz a partir del 1 de enero. El operador del mercado, Omel, celebra hoy la vigésimo primera subasta Cesur en la que se determinará el coste de los contratos mayoristas de la electricidad para calcular la tarifa de último recurso (TUR) que se aplicará el primer trimestre.
A la vista del comportamiento del mercado de futuros de la energía, todo apunta a una fuerte subida del precio que pagarán los domésticos con TUR. Estos mercados han recogido ya la repercusión en el precio final de la de los impuestos sobre la generación eléctrica y el gas que entrarán en vigor el 1 de enero. El futuro para el periodo cotiza a 53,45 euros MWh, por lo que la subida de este componente sería superior al 4,2%.
En cualquier caso, esta es solo una parte (el 50%) de la factura que pagan los consumidores con la tarifa regulada. La otra mitad corresponde a los peajes, que retribuyen las actividades de comercialización y distribución de la energía para los 26 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o TUR.
Advertencia de la CNE
Paralelamente, el consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó ayer el dictamen sobre la orden de peajes eléctricos para 2013 que le remitió la semana pasada el Ministerio de Industria. El regulador energético se ha pronunciado de forma muy crítica sobre las nuevas tarifas progresivas, que son la gran novedad de la norma, y que las propias compañías eléctricas consideran "el caos".
La CNE pone en cuestión la progresividad de un sistema que supone aplicar un segundo peaje a los consumidores domésticos con derecho a tarifa de último recurso (TUR) en función de su potencia y su consumo (se pagarán a partir de un consumo de 190 kWh al mes) y cuyo objetivo es el ahorro de energía. El regulador energético considera que este sistema es ajeno a las directivas de eficiencia energética y pone en cuestión que con la progresividad de los precios se consiga reducir el consumo (la propia orden prevé un aumento de la recaudación de 280 millones).
El nuevo mecanismo, con el que se crean "varias docenas de tures", según un experto, va a aumentar de forma considerable la complejidad de una factura complicada de por sí y va a provocar una avalancha de las ya crecientes quejas de los consumidores. En línea con la opinión de las propias distribuidoras eléctricas, la Comisión reconoce también las dificultades que tendrán estas compañías para adaptar sus sistemas informáticos para facturar las tarifas progresivas. Por otro lado, dado el abuso que hay en España de lecturas estimadas de contadores, la aplicación de los peajes según el consumo mensual, que se debe corresponder con lecturas reales, resultará imposible.
Además, al no tener en cuenta el tamaño de la unidad familiar o el consumo per cápita, los nuevos peajes no serán equitativos. Aplicar precios progresivos al consumo de energía para resolver los problemas financieros del sistema es, para muchos, un error. De hecho, el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián ya lo hizo y tuvo que dar marcha atrás. En este sentido, sería más progresiva y razonable la discriminación de los peajes en función de la potencia contratada por cada familia. El sistema afectará, según la orden de peajes, a los 26 millones de clientes con derecho a TUR, aunque hayan optado por un contrato en el mercado libre.
Tres normas simultáneas
Respecto a la "insuficiencia tarifaria" del sistema eléctrico que plantea la orden ministerial, el dictamen del regulador energético es muy crítico, aunque reconoce que Industria ha tenido que elaborar su propuesta sin que se hubiesen aprobado las leyes de Presupuestos y la de medidas fiscales por la que se crean varios impuestos a la generación eléctrica y al gas natural. La tramitación simultánea de estas tres normas ligadas entre sí provoca "incoherencias" que podrían subsanarse antes del 1 de enero, según la CNE.
La orden de peajes reconoce un desfase entre ingresos y costes en el sistema eléctrico de más de 5.700 millones de euros, que serán asumidos por los Presupuestos Generales del Estado: a través de los ingresos que se recauden con los citados impuestos (3.000 millones de euros, según la previsión del Gobierno) y unos ingresos extraordinarios de 2.720 millones de euros procedentes de los Presupuestos, cifra que coincide con la anualidad del déficit de años anteriores que los consumidores pagarán en los peajes en 2013.
Además, la orden señala que las Cuentas Públicas asumirán el próximo año, por primera vez, el 100% (1.755 millones) de las subvenciones de los sistema extrapeninsulares que explota Endesa. Sin embargo, ninguna de estas dos partidas figuran en los Presupuestos.
