El anteproyecto de la nueva ley general de telecomunicaciones (LGT) sigue avanzando. La próxima semana será el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi) el que trate esta nueva norma, en la que el Gobierno busca facilitar el despliegue de redes.
Así, con ese objetivo, el anteproyecto, en su artículo 34, han introducido cambios con respecto a la actual legislación como la obligación de las administraciones públicas de colaborar para hacer efectivo el derecho de los operadores a ocupar la propiedad pública y privada.
Además, el anteproyecto establece que el despliegue e instalación de redes de telecomunicaciones constituye obra de interés general. "Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y tienen el carácter de determinaciones estructurantes", indica la citada norma.
Dentro del papel de las administraciones públicas como operadores de telecomunicaciones, el anteproyecto ha añadido la referencia al principio de no distorsión de la competencia, además de diferenciar la autoprestación de servicios a la prestación a terceros.
Dentro de las novedades de la norma, figura la regulación por primera vez de los procedimientos y protocolos para la denominada "gestión de incidentes de ciberseguridad". Además, tal y como figura en la disposición undécima del anteproyecto, se establece el mandato de coordinación entre las secretarías de Telecomunicaciones y de Interior, otorgando facultades a todos los equipos de respuesta a incidentes de seguridad.
Posición del sector
Las operadoras ya se están posicionando con respecto a la futura ley. Fuentes de las operadoras señalan que el texto legal viene a facilitar al despliegue de infraestructuras de nueva generación, una de las grandes demandas del sector. Además, se ha valorado positivamente que se hayan afrontado problemas como la entrada de las administraciones de públicas en la provisión de servicios y el despliegue de redes de nueva generación con dinero público. En opinión de las telecos, esta situación distorsionaba el propio mercado. Además, respaldan que se haya atacado la multitud de normas autonómicas de consumo, que rompían el principio de cohesión territorial.
No obstante, y de cara a la posible introducción de cambios en la ley, las operadoras han vuelto a pedir que se clarifique el marco fiscal, incluyendo las intervenciones de las distintas administraciones territoriales. En esta línea, las telecos han pedido que la ley evite que tengan que hacer frente a nuevos gastos en redes por las decisiones de las administraciones públicas o por los despliegues realizados por estas administraciones por su propia cuenta.
Nace la comisión de radiofrecuencias y salud
El anteproyecto de la nueva LGT también clarifica las facultades del Gobierno central en la administración del dominio público radioeléctrico. En el artículo 61 se establece que habrá unos niveles únicos de emisiones radioeléctricas (para evitar el establecimiento de niveles diferentes por parte de autonomías y ayuntamientos). Esos niveles únicos estarán siempre en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisión Europea. Esta vía, según fuentes del sector, está dirigida a evitar la inseguridad jurídica ante las posibles inversiones en redes de móvil por parte de las empresas del sector.
En el anteproyecto se contempla también la creación de la comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud, con el objetivo de identificar un organismo del Estado que informe y asesore sobre esta temática. En esta nueva comisión estarán integrados el Ministerio de Industria, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad.
