La crisis amenaza los compromisos de reducción de emisiones de la UE
La presidencia francesa de la UE intentará salvar la próxima semana el pacto comunitario para reducir un 20% las emisiones de C02 en 2020. Varios países, entre ellos Alemania y Reino Unido, quieren renegociar el acuerdo, esgrimiendo como argumento la actual situación económica.
El 20-20-20 de la Unión Europea empieza a resquebrajarse. Hace año y medio, los líderes comunitarios, bajo la presidencia de Angela Merkel, se comprometieron a reducir un 20% sus emisiones de CO2, aumentar un 20% el uso de energías renovables y mejorar un 20% la eficiencia energética. Todo ello, con el año 2020 como horizonte temporal.
Ahora, varios países, y por diferentes razones, cuestionan la racionalidad de mantener intacto esos objetivos y, sobre todo, la distribución del esfuerzo para conseguirlo entre los socios comunitarios. Una potencia industrial como Alemania teme el impacto económico en sus sectores más pesados. Reino Unido considera casi inalcanzable la meta del 15% de renovables que le corresponde. Y los países del Este reclaman que se suavice su contribución al objetivo global de reducción de emisiones para no poner en peligro su desarrollo.
España, según las fuentes consultadas, está dispuesta a ciertas concesiones, pero advierte que la cuota de reducción de emisiones que le asignó Bruselas en enero de este año es innegociable. Es decir, 21% en industria pesada y 10% en transporte y vivienda en relación con las emisiones de 2005. España, según esas fuentes, 'mantiene al 100% el apoyo a las propuestas de la Comisión Europea'.
Sarkozy preguntará a sus homólogos en la cumbre europea si todos siguen fieles al compromiso pactado
Pero la ofensiva contra esas propuestas ha cogido fuerza con la actual crisis financiera y comienza a poner en peligro los objetivos pactados. Tanto, que el actual presidente de la UE, Nicolas Sarkozy, preguntará a sus homólogos en la cumbre europea del próximo miércoles y jueves si todos se mantienen fieles al compromiso pactado. 'Y Sarkozy espera que la respuesta sea que sí', confían fuentes diplomáticas francesas.
Incluso con esa respuesta, alertan fuentes del Consejo de la UE, un número creciente de delegaciones 'intentarán aguar los objetivos'. Algunos países, según esas mismas fuentes, 'quieren incluso volver al principio de la discusión y realizar nuevos estudios sobre el impacto económico de las propuestas de la Comisión Europea'.
Francia, que también tiene sus propias reticencias respecto a las propuestas de Bruselas, negocia contrarreloj un documento de consenso que dé un impulso político contundente a las nuevas directivas. 'La decisión definitiva no tiene que producirse ahora', señalan fuentes francesas. 'Pero tiene que quedar claro que podemos cerrar el acuerdo antes de fin de año'.
Flexibilidad
El documento, sin embargo, prejuzga varios de los puntos conflictivos de la nueva legislación, como la participación de las industrias con mayor consumo energético en el mercado de emisiones (a las que se quiere eximir de pagar por sus derechos de contaminación) y ciertos mecanismos de flexibilidad para conseguir los objetivos de renovables. París, de momento, sólo ha conseguido con su iniciativa soliviantar tanto a los partidarios de mantener intactos los objetivos como a los que quieren suavizarlos.
Fuentes diplomáticas francesas reconocen que si se flexibiliza aún más la propuesta de la CE 'se romperá el equilibrio y será imposible alcanzar un acuerdo antes de final de año'.
Separación de grupos energéticos
Los ministros de Energía de la Unión Europea cerraron el viernes un acuerdo para regular el mercado interno de la energía y garantizar la separación de los grupos energéticos, a pesar de la fuerte oposición de algunos países, fundamentalmente Alemania.Durante horas, los países de la UE han intentado ultimar los detalles y perfilar el texto final con el que se completa el compromiso adquirido en junio, por el que se fijaban tres modelos distintos para separar la gestión de redes, pero sin forzar la división de empresas. Finalmente, se han introducido dos cláusulas que matizan la decisión de junio: una destinada a proteger a las empresas de la UE de los gigantes energéticos de terceros países, también conocida como cláusula anti Gazprom, y otra llamada a defender dentro de la Unión a las compañías que han dividido su propiedad de las verticalmente integradas.