Las cotizadas dispondrán hasta mayo de 2011 para eliminar los blindajes
La comisión de Economía del Congreso aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE y CiU, la enmienda que da pie a la supresión de los límites a los derechos de voto en las sociedades cotizadas, aunque éstas dispondrán hasta mayo del año que viene para adaptar sus estatutos a la nueva normativa. Compañías como Iberdrola, Repsol YPF, Telefónica, Sabadell y Popular tienen sus techos en el 10%.
Al final, prevaleció el acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes, no secundado por el resto de los grupos de la oposición. Así, de la supresión de los límites a los derechos de voto quedarán excluidas las sociedades no cotizadas, de forma que en las que sí están en Bolsa serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que, de forma directa o indirecta, establezcan dicho blindaje.
El acuerdo entre el PSOE y CiU establece que cuando se produzca la admisión a negociación en el mercado de valores de las acciones de una sociedad cuyos estatutos incluyan el blindaje, ésta deberá proceder a adaptar los mismos a la nueva normativa mediante la eliminación de dichas cláusulas en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha en que comienza a cotizar. Si transcurriera dicho plazo sin que la compañía hubiera presentado en el Registro Mercantil la escritura de modificación de sus estatutos, las cláusulas limitativas del máximo de voto "se tendrán por no puestas".
La modificación introducida por la comisión de Economía del Congreso a la Ley de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas afecta directamente a firmas como Iberdrola, Repsol y Telefónica, con derechos de voto reducidos al 10%, mientras el primer partícipe de la petrolera, Sacyr, controla el 20% del capital y el de la eléctrica, ACS, cuenta con un 12%. En todo caso, no entrará en vigor hasta transcurrido un año desde su publicación en el BOE. Como la comisión tiene competencia legislativa plena y la enmienda, previsiblemente, será aprobada el mes que viene en el Senado, su entrada en vigor se retrasará hasta mayo del año que viene, cesión que el Gobierno ha hecho antes que dar por perdida la enmienda. Así, las empresas dispondrán de un tiempo que el PSOE y CiU calificaron ayer de prudencial para abordar el tránsito hacia la nueva legislación.
Llegar a este puerto le ha costado al Gobierno casi dos meses de negociación, encauzada fundamentalmente a través de los nacionalistas catalanes mediante un diálogo personal entre José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Antoni Duran i Lleida. El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, enfatizó ayer la importancia que tiene no interferir a corto plazo en las juntas de accionistas y la garantía que supone dejar que las compañías hagan una "transición pacífica" hacia la nueva norma.
El Partido Nacionalista Vasco, a través de su portavoz económico, Pedro Azpiazu, volvió a mostrar ayer su profundo desacuerdo con la enmienda. A su juicio, la iniciativa pactada entre el PSOE y CiU es "igual de mala" si entra en vigor este año o el que viene ya que perjudicará "al conjunto de los ciudadanos vascos". Afinando más el tiro, Azpiazu señaló: "No estoy prejuzgando que ACS vaya a hacer ninguna trastada, lo que digo es que el blindaje decidido por los accionistas de Iberdrola para garantizar que la empresa tenga su actividad principal en Euskadi va a desaparecer y eso es muy negativo". En su opinión, el Gobierno se ha saltado "la ortodoxia parlamentaria" y ha tomado la decisión en contra de los propios socialistas vascos.
La enmienda transaccional acordada por el Gobierno y los nacionalistas catalanes fue rechazada de plano por los nacionalistas vascos, Esquerra Republicana e Izquierda Unida. El Partido Popular y Coalición Canaria se abstuvieron.
La batalla se traslada ahora al Senado, donde la tramitación del mismo proyecto de ley se hará probablemente con competencia legislativa plena si así lo acuerda la mesa de la comisión de Economía. Ello evitará que el debate se haga en el pleno. En la Cámara Alta, el PP dispondrá de más terreno, pero ningún grupo espera que cambie nada fundamental en la enmienda aprobada ayer.
El PP pide poner coto a actuaciones concertadas
El PP no consiguió ayer que prosperase una enmienda in voce que presentó en el último minuto y que pretendía brindar mayor protección a los minoritarios y prevenir contra los riesgos adosados a las tomas de control procedentes de inversiones extracomunitarias.En concreto, el PP emplazaba mediante a la CNMV a obligar a lanzar una opa en los supuestos de toma de control por actuaciones concertadas. Se entendería que una persona o empresa tiene el control de una sociedad cuando alcanzara un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%. El PP considera que en la actual legislación hay lagunas que no garantizan de forma efectiva esta obligación.El principal partido de la oposición estableció en esta enmienda un procedimiento de breve verificación, similar al vigente en Alemania, aplicable a las inversiones extracomunitarias mediante las que se alcance un 25% de los derechos de voto en una sociedad española. El objetivo no sería otro que evitar que tal inversión suponga un riesgo para el orden público o la seguridad privada.La enmienda del PP no prosperó, pero intentará negociarla en el Senado. Ayer sólo cosechó el voto favorable de Coalición Canaria, la abstención de ERC e IU y el rechazo del PSOE, CiU y el PNV.