Contrarreforma de los órganos reguladores
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a conocer el viernes pasado la reforma (para muchos, contrarreforma) de los organismos reguladores de la energía (CNC) y el de las telecomunicaciones (CMT), que se traducirá en su fusión con la autoridad de la Competencia (CNC). Sáenz de Santamaría desveló lo que era un secreto a voces: la integración de los tres órganos en otro de nuevo cuño, que se sumará a la anterior cascada de siglas: la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
El año pasado, los dirigentes del PP dejaron meridianamente clara su intención de controlar los consejos de dichos organismos, cuyos miembros tienen un mandato legal de cinco años, al igual que los del Banco de España y la CNMV, organismos estos que el Gobierno ha decidido respetar "por ser financieros". Al fin y al cabo, el mandato del gobernador caduca en verano y el del presidente del regulador del mercado de valores en octubre.
Dado que el objetivo del Ejecutivo popular era controlar la CNE y la CMT (el calendario de relevos en la CNC le habría permitido tener la mayoría de su consejo el próximo verano) y, a la vista de la aplastante mayoría que obtuvo en las elecciones, no se descartaba que Mariano Rajoy hubiese optado por una limpia indirecta. Esto es, por invitar a los presidentes y consejeros nombrados por el PSOE a dimitir voluntariamente, petición esta que muy probablemente hubiese aceptado la mayoría para evitar presiones y males mayores, como la fusión en ciernes.
De momento, se trata de un anteproyecto de ley, aún sin pulir, cuyo trámite parlamentario se avecina conflictivo. No tanto por la fusión entre la CNE y la CMT (un modelo de regulador de redes que, aunque poco ortodoxo, existe en Alemania), como por su fusión con la Competencia (lo que implica confundir regulación y supervisión) y la pérdida de independencia que conlleva. El proyecto plantea una vuelta a la prehistoria, al devolver al Ministerio de Economía la potestad de investigar las denuncias y remitir a la futura CNMC los expedientes que estime oportunos.
Dos son las razones, a cual más débil, para justificar una medida de gran trascendencia para el funcionamiento del libre mercado que tanto dicen defender los populares. Por un lado, un ahorro de costes para las arcas públicas derivado de las sinergias de la fusión y, por otro, la mayor independencia de que gozaría la nueva criatura "al reducirse la importancia relativa para el organismo de un determinado sector". Así lo señala el informe del Ministerio de Presidencia, que ha servido de base para una iniciativa que pretende poner coto "al crecimiento desordenado de reguladores sectoriales", que asciende a ocho teniendo en cuenta los que se crearon el año pasado (los de los sectores ferroviario, aeroportuario, el audiovisual y el del juego) y que aún no funcionan.
Pese a que estos últimos están en desarrollo, el Gobierno los contabiliza al calcular el ahorro de costes derivado de la desaparición de los consejos de administración de todos los organismos. Así, de los 59 puestos, entre consejeros y presidentes de los ocho reguladores sectoriales, que, según Sáenz de Santamaría, van a quedar reducidos a nueve en la nueva comisión, solo están operativos los de la CNE, la CMT y la CNC, que tienen siete miembros cada una, y la Comisión del Sector Postal, que tiene cinco. Y, aunque se proceda a una reducción de sus plantillas, unas 550 personas entre todos, el ahorro no sería significativo, pues, en cualquier caso, deben mantener sus infraestructuras pues seguirán funcionando como direcciones generales.
En última instancia, del ahorro de costes no se beneficiarán las Cuentas Públicas, pues salvo la Comisión del Sector Postal (un organismo poco relevante) y, en parte, la CNC, el resto se financia vía tasas. En el caso de la CMT, las pagan las operadoras del sector y, en el de la CNE, los consumidores a través del recibo de la luz.
Es de destacar, según un informe de PwC para Telefónica fechado el 14 de febrero sobre la situación de los reguladores en España, que los dos organismos que se financian con tasas tuvieron en 2010 superávit. Así, los gastos del regulador de las telecos ese año ascendieron a 19,4 millones y sus ingresos a 40 millones, mientras que la CNE gastó 27,5 millones e ingresó 35 millones. "Solo lo que se dejará de recaudar por las menores sanciones a las empresas que se prevén, harán más caro para las arcas públicas el nuevo modelo", puntualizan en el sector.
Captura del regulador
Desmontados en gran medida los supuestos ahorros de la fusión de los reguladores (que el PP ha incorporado al argumentario general de su política de austeridad en la Administración pública), el de la mayor independencia tampoco se asienta sobre bases poco sólidas.
Además de una vuelta atrás y de generar una enorme confusión y caos, con el nuevo sistema aumentará el peligro de lo que se denomina "captura del regulador", pues este "será, en la práctica, el propio Gobierno". La promesa del PP de un nombramiento democrático a través del Parlamento queda en agua de borrajas en el anteproyecto, en el que se señala que los miembros del consejo de la nueva comisión serán nombrados por los ministerios competentes y, solo por mayoría absoluta, podrán ser rechazados en el Congreso.
El sistema pretende copiar la experiencia internacional, pero nada más lejos de la realidad. Así lo demuestra el informe de PwC, en el que se habría basado el de Presidencia para abordar el proyecto. En ningún país occidental, los dos reguladores sectoriales más importantes (energía y telecos), están integrados en la autoridad de la Competencia. Solo en Holanda, el ejemplo que pretende seguir el Gobierno de Rajoy, esta última autoridad funciona con el regulador energético.