Si la operadora sube las tarifas, el usuario tiene derecho a darse de baja sin coste alguno. Ese es el razonamiento desarrollado por la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que obligará a Movistar a devolver al usuario afectado la penalización que le cobró por darse de baja antes de que pasaran los 18 meses de permanencia de su contrato.

José Antonio T. S. G. dejó la compañía el pasado 1 enero ante la subida de tarifas de la operadora. Tuvo que pagar 145 euros por ello, casi el doble de lo que cuesta el Motorolla W220 que recibió con precio bonificado.

El laudo certifica que Movistar 'modificó unilateralmente' las condiciones del servicio al subir sus tarifas, siendo inadmisible que la empresa 'pretenda enriquecerse ... injustamente a costa de los particulares'. El texto añade que la empresa 'tenía que asumir que su actuación podría provocar la disconformidad de los clientes que veían vulnerados sus derechos'.

La decisión, tomada por unanimidad por los representantes de los consumidores, la Administración y los empresarios, no sienta jurisprudencia para futuros casos similares. Pero la Federación de Consumidores en Acción (Facua), que hizo pública ayer la resolución a través de un comunicado, espera que los órganos arbitrales sigan tomando decisiones en ese sentido. 'Resulta especialmente trascendente debido al importante número de reclamaciones ... en febrero y marzo ... en rechazo a las importantes subidas tarifarías que aplicaron' las operadoras en ese periodo, apunta la organización.