Los consumidores sin bono social soportarán todo su coste desde 2009

Ala tarifa de acceso que pagan los usuarios eléctricos todo se le vuelven pulgas. En abril, el Gobierno aprobó un incremento del 25% para dar cumplimiento a dos autos del Tribunal Supremo, que suponían refacturar los consumos desde el mes de octubre por valor 1.600 millones. A esta se añade ahora la subida del IVA de la factura de la luz, que pasará en septiembre del 18% al 21%, amén de los suplementos territoriales que aplicará el Ministerio de Industria a los peajes en las siete comunidades autónomas que cobran tributos medioambientales a las eléctricas (ecotasas) y del efecto que tendrán los nuevos gravámenes al sector energético, que serán repercutidos en el precio final de la electricidad.

Pero hay algo más: los usuarios también pagarán el coste del llamado bono social desde su creación, el 1 de julio de 2009. Este lo financiaban las cinco grandes eléctricas hasta que en febrero una sentencia del Tribunal Supremo suprimió dicha obligación. Desde entonces, el coste del bono, que disfrutan 2,7 millones de consumidores, lo asume el sistema eléctrico. O, lo que es lo mismo, el resto de consumidores (27 millones) que no tienen derecho a él. Para colmo, estos tendrán que pagar todo el bono social desde su creación, pues las liquidaciones realizadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a las eléctricas (14 anualmente) son provisionales y no definitivas.

Según datos del regulador, el coste acumulado del bono social fue de 270 millones hasta diciembre de 2011, a los que hay que añadir otros 15 millones por mes en lo que va de año, lo que supone, a día de hoy, unos 375 millones. Esta tarifa social (que no tiene en cuenta la renta) fue creada por el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de ella se benefician varios colectivos en la factura eléctrica de su primera vivienda: los que tienen una potencia contratada inferior a 3 kW; aquellos hogares con todos los miembros en paro; quienes tienen una pensión mínima y las familias numerosas.

La Ley de Suministro de Último Recurso y Creación del Bono Social de julio de 2009 establecía la obligación de las cinco grandes eléctricas de financiar una tarifa que consistía en mantener congelada la luz hasta 2013, en que caduca el sistema.

Esta obligación respondía al acuerdo sellado entre las eléctricas e Industria, por el cual, a cambio de derogar una ley de su antecesor en el ministro, Joan Clos, que restaba a las compañía los ingresos que se anotaban irregularmente los derechos de CO2 que recibían de forma gratuita (hasta mil millones algún año), aquellas asumían el coste de un bono social. En el primer año, este fue insignificante, y ha sido con los fuertes incrementos posteriores cuando el bono se dejó notar en las cuentas de las empresas.

Ello llevó a Iberdrola a denunciarlo ante el Supremo, que le dio la razón en un fallo publicado el febrero. El resto de las empresas, Endesa, Gas Natural, HC Energía y Eon España, se benefician también de la sentencia y desde febrero no pagan el bono. De momento, las cantidades anteriores se devolverán a Iberdrola, pues es la que recurrió, y en cuanto a las otras cuatro, Industria debe comunicar a la CNE con cargo a qué ejercicios les debe liquidar.