Las constructoras medianas ven "poco verosímil" que la ley de mora agilice los pagos
La modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad aprobada el pasado viernes en el Senado no convence a las patronales de la construcción. Aerco se suma al rechazo de Seopan y Ancop apostillando que el nuevo texto establece unos plazos de ejecución "poco realistas".
El nuevo texto que modificará la Ley de Lucha contra la Morosidad (3/2004) no ha sido bien recibido por las patronales de las constructoras. Seopan, la asociación empresarial que aglutina a los grandes grupos del sector, y Ancop, que reúne a las contratistas, ya anunciaron el mismo viernes su oposición a la norma aprobada por el Senado y pendiente de pasar por el Congreso para su ratificación definitiva.
La Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública, Aerco, se sumó ayer a las voces críticas difundiendo un comunicado en el que también manifiesta sus discrepancias con la norma.
La citada Ley dispone que las Administraciones Públicas tienen que pagar a sus empresas contratistas en 30 días, en vez de los 60 establecidos hasta ahora. Y que las constructoras paguen, a su vez, a proveedores y subcontratistas también en 60 días. Aerco señala al respecto que se trata de "una posición poco verosímil teniendo en cuenta la deuda actual pendiente de pago". Según fuentes de la patronal de las constructoras medianas, es difícil de creer que tenga alguna utilidad dado que el tiempo de demora supera con mucho los plazos establecidos.
Seopan tiene datos que lo confirman. Según sus últimos estudios, las Administraciones Públicas pagan con una media de 157 días de retraso, siendo la estatal la más cumplidora (140 días de media) y la local la que más se demora (238 días de media). La deuda viva de las Administraciones asciende a 22.300 millones de euros, de los cuales 16.800 millones se encuentra vencida y en mora.
Conflictividad
Las patronales, además, consideran que la nueva ley puede propiciar la conflictividad dentro del propio sector de la construcción. La reducción normativa de los plazos hará que se tensen las relaciones entre contratistas y proveedores. Asimismo, las constructoras dependerán del crédito bancario para financiarse al suprimirse por ley el crédito comercial, consideran en Seopan, añadiéndose presión al ya de por sí agudo problema de acceso al crédito.
Mejor habría sido, argumentan desde Aerco, que el Ejecutivo hubiese optado por añadir a la ley una disposición transitoria para permitir que las partes implicadas en obras públicas adaptasen progresivamente las previsiones de plazos de pago caso por caso.
En cuanto al efecto que tendrá sobre el sector el anunciado recorte del gasto público en infraestructuras, las patronales siguen guardando silencio a la espera de que el Gobierno concrete los detalles de la iniciativa.