El Gobierno intenta no dar excesivos palos de ciego en la toma de una decisión que se antoja clave para las arcas públicas, y de gran calado político y social, como es la implantación de peajes en las autovías. Hacienda maneja desde hace unas semanas un informe elaborado por las concesionarias de autopistas en el que se desvela el impacto que tendría el copago en las carreteras de alta capacidad, hoy libres de tarifa. Las cifras son contundentes: el Estado podría recaudar entre 8.000 millones y 12.000 millones de euros anuales, una vez descontadas bonificaciones de 900 a 1.950 millones para penalizar lo mínimo el uso obligatorio del coche a conductores frecuentes. Esta última partida resulta la principal novedad respecto a anteriores propuestas.
Para camiones de más de 3,5 toneladas, se aconseja la aplicación de la directiva Euroviñeta, con precios de 0,129 euros de media por kilómetro. Con ello se recolectarían unos 3.000 millones de euros por ejercicio.
Para el resto, la tarifa por circular iría de 0,023 a 0,043 euros por kilómetro, lo que derivaría en ingresos de 6.200 a 11.100 millones anuales tras los descuentos. En este último caso se trataría de peajes blandos, con precios por kilómetro hasta un 75% más baratos que las tasas aplicadas en las autopistas.
Las adhesiones a este plan recaudatorio aumentan en el entorno del presidente Rajoy. Un alto cargo de Fomento, como es el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, reconoció públicamente la semana pasada que el Ejecutivo estudia dar el paso de la tarificación de las autovías y que para ello buscará una corriente de opinión favorable. Un hecho para el que es necesario el acuerdo previo con el sector del transporte por carretera, del que se teme una huelga que paralice el país. A estos profesionales se les trata de convencer con la necesidad de fondos para sufragar el mantenimiento de las infraestructuras.
Además de Catalá, el director general de Programación Económica y Presupuestos de Fomento, Juan Miguel Báscones, declaró el jueves en Madrid que el copago en la carretera es un modelo que cuenta con sus bendiciones.
El informe remitido a Hacienda ha sido elaborado en el seno de Aseta, asociación presidida por José Luis Feito y que engloba a Abertis, Ferrovial, Globalvía, ACS, OHL o Itínere. El documento aboga por la implantación de peajes tanto a pesados como a ligeros. Los cálculos de Aseta se basan en un parque móvil de 31 millones de unidades, de las que el 71% son turismos, un 16,4% camiones, y el 8,7% son motocicletas.
El dossier diseña los citados descuentos para quienes tienen en el vehículo una herramienta de trabajo o no cuentan con alternativa de transporte en sus trayectos. Incluso se estudia la gratuidad en viajes nocturnos. Desde Aseta se valora que hasta el 35% del tráfico podría optar a rebajas, alcanzando estas hasta el 50% de la tarifa.
El pago en autovías ha ido ya a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, así como a la Comisión de Subsecretarios. En cuanto a las comunidades autónomas, la primera en reconocer que trabaja en la aplicación de tarifas en las autovías fue Madrid. Su presidenta, Esperanza Aguirre, ha señalado a la M-45 y M-501 como las primeras en convertirse en vías de pago.
Los precios
0,129 euros por kilómetro es lo que Aseta propone para camiones de más de 3,5 toneladas.
0,023 euros por kilómetro es el mínimo que se cobraría a los turismos.
1.975 millones costaría implantar el peaje en 15.584 kilómetros de autovías.
