Entre las informaciones que solicita la compañía, que ha asumido el control de las empresas de Nueva Rumasa por un pasivo de 1.500 millones, figuran datos que supuestamente deberían tener en su poder a raíz de la operación de compraventa firmada, como es el nombre del inversor, la sociedad emisora del pagaré, su número de referencia o el importe.
La sociedad de Ángel de Cabo también pregunta si el pagaré corresponde a la devolución del principal o al pago de intereses, la fecha de emisión y de vencimiento, quiénes son los avalistas, los fiadores, así como qué otras garantías existen.
Los nuevos propietarios quieren saber, por esta vía, si los inversores han adherido a la escritura de cesión de derechos de Rumasa o si han interpuesto algún tipo de demanda judicial.
Todo este cuestionario, según figura en la página web, está enfocado hacia el inversor, para "ayudarle en la tramitación de su crédito" con el objetivo de "atender y recoger las reclamaciones" de aquellos que han realizado una aportación económica a las diferentes sociedades de Nueva Rumasa.
A los inversores se les sugiere que aporten cualquier documento que consideren interesante y una copia de los pagarés.
La sociedad propietaria de Nueva Rumasa pone a disposición de los inversores un número de fax, una dirección de e-mail y un teléfono, aunque en el momento de realizar esta información ni permite contactar ni recibir datos pues el móvil facilitado remite a un buzón de voz en el que se anuncia que se encuentra lleno.
Fuentes cercanas a la investigación sobre los pagarés de Nueva Rumasa cifraban en cerca de 900 los inversores, con datos a marzo de 2011, frente a los 5.000 que la familia Ruiz-Mateos aseguraba haber captado con sus diferentes emisiones.
