La CNC carga contra la reforma de los organismos reguladores
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) alerta, en el informe enviado al Gobierno sobre el anteproyecto de ley de fusión de los organismos reguladores, del "elevado riesgo" de pérdida de eficacia en el desempeño de determinadas funciones y de no haberse realizado con un debate "abierto" con el resto de potenciales interesados ni haber contado con el asesoramiento de los organismos independientes involucrados.
La CNC, sin embargo, ve una "oportunidad" en este cambio para mejorar el sistema de supervisión y regulación actual, pero cree que no hay "precedentes contrastables en el ámbito internacional y, específicamente, comunitario".
Competencia pide que se aclare el modelo de financiación del nuevo modelo, qué va a pasar con el personal laboral y funcionarios y la forma en que van a ejercer sus funciones el Presidente, el Consejo, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Delegadas.
Asimismo, la CNC considera que la transición hacia el nuevo organismo no está resuelta y "que no es en absoluto deseable la situación de interinidad en que se encontrarán los organismos a extinguir desde la aprobación de la ley".
Otro punto que critica el organismo tiene que ver con su financiación por no estar resuelto en el anteproyecto de ley. A su juicio, se trata de un aspecto fundamental "para garantizar el correcto ejercicio de las funciones del nuevo organismo, de modo que se garantice la suficiencia financiera para reforzar su independencia frente al Gobierno si se opta por un presupuesto integrado en la estructura presupuestaria del Ministerio de Economía y Competitividad, y su independencia frente a los agentes económicos si su presupuesto ha de nutrirse de tasas cobradas a dichos agentes".
Igualmente pide el mantenimiento íntegro de las funciones de promoción de la competencia para lograr una verdadera competencia efectiva en los mercados y la necesidad de una estructura institucional adecuada para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia que "garantice la separación funcional en la tramitación de procedimientos sancionadores entre el órgano instructor y el órgano de resolución".