Nuevos movimientos en el regulador dentro de su plan de actuaciones para 2012. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha propuesto desregular la ruta de cable submarino que une la Península con Canarias "al considerar que no se justifica la existencia de obligaciones regulatorias, ya que, desde mediados de 2011, están operativos en esa zona dos sistemas de cable submarino alternativos a los de Telefónica y se prevé que en los próximos años se tienda hacia la competencia efectiva".
La autoridad reguladora ha recordado en 2008 decidió mantener la regulación para las 10 rutas submarinas que conectan la península con las islas y algunas islas entre sí. Ahora, la propuesta de los servicios de la CMT establece una de ellas, la que une la Península con las Canarias quede desregulada. Ahora bien, las otras 9 rutas seguirán reguladas: Cádiz - Ceuta; Málaga - Melilla; Gran Canaria - Fuerteventura; Gran Canaria - Lanzarote; Tenerife - La Palma; Tenerife - La Gomera; Hierro - La Gomera; Mallorca - Menorca e Ibiza - Formentera.
La CMT ha explicado que el único modo que tienen los operadores alternativos para prestar servicios en los territorios insulares es a través de los cables submarinos de Telefónica, ya que el uso de tecnologías como el satélite no sustituye de forma fiable la transmisión por fibra óptica. Esta dependencia convierte al cable submarino en un "cuello de botella" que afecta negativamente al desarrollo de la competencia en los territorios que conectan. En este sentido, la CMT ha indicado que la cuota de mercado de Telefónica en banda ancha en estos territorios es superior a la del resto del Estado: si en la Península se sitúa en torno al 48%, en las Islas Canarias supera el 70% y en Ceuta llega al 88%.
"Para facilitar que en estos territorios se pueda disfrutar de la misma variedad de ofertas de servicios de telecomunicaciones (en especial de banda ancha) que en la Península, se propone obligar a Telefónica a alquilar los sistemas de cable submarino en estas rutas a unos precios razonables, que deberán contar con la aprobación de la Comisión", ha señalado la CMT.
Asimismo, en el caso de la ruta Península-Canarias, que quedaría desregulada en el plazo de seis meses desde la aprobación de la nueva regulación, se espera que los dos sistemas de cable submarino alternativos a Telefónica, Canalink y WACS, operativos desde 2011, aumenten la presión competitiva y reduzcan los precios minoristas. "Desde la última revisión del mercado se ha apreciado ya una mejora muy considerable de la situación competitiva de los servicios de comunicaciones electrónicas en las islas de Gran Canaria y Tenerife", explica al regulador, que ha destacado la apertura de centrales bucle por parte de los principales operadores alternativos y el despliegue de la tecnología DOCSIS 3.0 por parte de ONO.
Por el contrario, en el mercado de líneas alquiladas terminales, la CMT ha propuesto mantener la regulación, ya que no existe competencia efectiva. "Las líneas alquiladas terminales consisten en conexiones permanentes, de un ancho de banda fijo y garantizado, entre la red de un operador y un cliente final o una estación base de la red móvil, a través de la red pública de telecomunicaciones", ha explicado el regulador, añadiendo que estos servicios son utilizados principalmente en el segmento empresarial y también por parte de los operadores móviles para conectar sus estaciones base de telefonía móvil.
"Debido al crecimiento exponencial de los servicios de banda ancha móvil, es muy importante para los operadores móviles contar con líneas alquiladas terminales de alta capacidad que permitan cursar todo el tráfico de datos móvil", advierte la CMT, que considera que no existe competencia efectiva en el mercado de líneas alquiladas terminales al por mayor. "Telefónica ha sido designada como operador con poder significativo de mercado con una cuota del 70% en términos de líneas", asegura.
Finalmente, la CMT ha recordado que la resolución publicada hoy no es definitiva, ya que se presenta a consulta pública del sector, a la que pueden realizar alegaciones los operadores y demás agentes. Además, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en una primera fase, y la Comisión Europea, posteriormente, también deben pronunciarse al respecto.
