Los clientes de Gas Natural ya han pagado el coste del laudo de Sonatrach
Los clientes regulados de Gas Natural Fenosa han sufragado el coste del laudo que obliga a Gas Natural a pagar a Sonatrach 1.500 millones, ya que Industria incluyó en los últimos años un recargo en la tarifa con este fin. La medida, desconocida incluso por el regulador energético, habría proporcionado a la compañía las dotaciones suficientes para pagar a la argelina la cantidad que fija el fallo.
A partir del año 2005, cuando Gas Natural comenzó a negociar la revisión trienal de sus contratos con Sonatrach, el Ministerio de Industria, a petición de la compañía, hizo una provisión de fondos para cubrir los riesgos de un conflicto que derivó en un arbitraje en julio d 2007. El pleito se resolvió en agosto del año pasado con un laudo favorable al grupo argelino, al que Gas Natural debería pagar, según el mismo, 1.500 millones de euros por la diferencia de precios que le reclamaba en el periodo 2007-2009 y que supone un incremento del 30%, según la gasística.
Fuentes de toda solvencia aseguran que la provisión se materializó a través de un recargo en la tarifa integral del gas, al que familiarmente se denominaba "copete", cuyo volumen total se desconoce, pero que, probablemente, "alcanzaría para cubrir el impacto económico de la sentencia". De esta manera, los consumidores con tarifa habrían sufragado ya el coste del laudo, frente a ciertas declaraciones que apuntaban en su día a que sería necesario un incremento de dicha tarifa.
El recargo nació en la etapa en que José Montilla ocupaba la cartera de Industria, pero su objetivo inicial fue otro distinto: compensar a Gas Natural por la diferencia entre los precios a corto y largo plazo del gas. La compañía se quejó de que la tarifa aprobada en un determinado periodo se calculó sobre un precio muy inferior al que finalmente tuvo que pagar. Se trató de una medida provisional de la que, esta vez sí, tuvo conocimiento el consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que, según fuente próximas al Gobierno, solo se rehizo una vez.
Sin embargo, cuando llegó el momento de eliminar el citado "copete", Gas Natural pidió que éste se prolongara alegando que las negociaciones que ya mantenía con Sonatrach por los contratos estaban resultando muy duras, por lo que el ministerio lo mantuvo "por prudencia". Según las distintas fuentes consultadas por CincoDías, el recargo solo se realizó una vez, pero, al aplicarse en la tarifa, las revisiones posteriores "lo arrastraron".
La situación se mantuvo hasta la desaparición de la tarifa integral, que se calculaba con una fórmula que incluía el coste de la materia prima o CMP, que consistía en una cesta de contratos de gas, el 80% argelinos. La tarifa, cuyo suministro debía realizarse por ley con este gas (más barato), fue sustituida en julio de 2008 por la de último recurso (TUR), que hacía imposible mantener el recargo, pues con el nuevo sistema el precio de la energía se fija en una subasta trimestral.
Una vez conocido el laudo, según las fuentes antes citadas, el recargo fue en cierto modo sustituido por otra "dádiva" de Industria, tal como la califica la CNE, que se opuso a la misma en un dictamen, y que consistió en mantener en 2011 la misma retribución para la distribución del gas de 2010, lo que supuso unos ingresos sobrevenidos de 200 millones. Esto se hizo con la actualización de la IPH, la fórmula con la que se determina dicha retribución y que es una media aritmética entre el IPC y el IPRI (Índice de Precios Industriales), que siempre es muy bajo, como se lamenta Gas Natural.
Una portavoz de Industria aseguró ayer que al ministerio "no le consta que exista una partida con ese objetivo". Por su parte, tras ponerse este diario en comunicación con Gas Natural, al cierre de esta edición, no se había logrado una respuesta oficial de la compañía.
Informe
Una disposición de la orden ministerial que regulaba la nueva tarifa de último recurso del gas daba un plazo para elevar un informe a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos con el balance de las aportaciones realizadas a Gas Natural. El informe, según fuentes próximas al Gobierno, nunca se realizó.La compañía no ha querido desvelar las provisiones aportadas, entre otras razones, para defender a sus accionistas, pues además de la cantidad establecida por el laudo, los responsables de la compañía también negocian los contratos a futuro.
El misterio de las negociaciones de Argel
El Tribunal Arbitral de París falló el pasado mes de agosto que Sonatrach tenía derecho a un incremento de precio entre 2007 y 2009 en los dos contratos de suministro con Gas Natural Fenosa. Estos contratos, que caducan en 2020 y 2021, suman nueve bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas que circulan por el gasoducto del Magreb y representan un tercio de los aprovisionamientos de la gasística y un 25% del consumo de gas en España. El arbitraje se inició en julio de 2007, después de casi dos años de negociaciones sin acuerdo entre las partes.Tras conocerse el laudo, en un primer momento, Gas Natural criticó duramente la posición de Sonatrach en España y solicitó a Industria que revisara su licencia de comercialización y a Competencia que investigara su situación en el mercado.La compañía recibió el apoyo del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que incluso intermedió en Argelia en favor de la empresa española. Finalmente, ésta ha optado por una proceso de negociación en solitario con el grupo argelino, cuyo contenido se mantiene en un estricto secreto, aunque han trascendido algunas de las propuestas, como el ofrecimiento de un ciclo combinado como parte del pago y la supuesta entrada del grupo estatal argelino en el capital de Gas Natural.Además de negociar una rebaja del coste del laudo, la compañía también está negociando a futuro, ya que el fallo arbitral implica técnicamente una subida de los precios a partir de ahora.
La compañía no ha querido desvelar las provisiones
En Gas Natural Fenosa se han negado a hacer públicas las provisiones que ha realizado hasta ahora para cubrir la deuda por el laudo con Sonatrach. Para ello ha alegado que esto le perjudicaría en las negociaciones que mantiene con la argelina y porque, además, tras la impugnación del laudo, la compañía logró medidas cautelares que le han permitido ganar tiempo y no desembolsar el dinero.Lo único que su consejero delegado, Rafael Villaseca, desveló en la presentación de los resultados de 2010 es que a finales de ese año se realizó una dotación extraordinaria y que las provisiones están incluidas en el capítulo de "aprovisionamientos", que asciende a 12.970 millones de euros, un 42% más que en 2009.Además de los clientes con tarifa, que ya habrían pagado el riesgo con el recargo realizado por Industria, Gas Natural cuenta con un número reducido de clientes en el mercado libre, fundamentalmente operadores, que tienen firmados contratos con cláusulas que les obligaría a compensar con carácter retroactivo el sobrecoste del laudo, según ha señalado en varias ocasiones la compañía. Algo que podría derivar en un nuevo conflicto si estos se negaran a pagar.Todo indica que de las dotaciones totales, Gas Natural habría restado lo que estos clientes deben pagar por las estipulaciones del contrato y, quizás, alguna cantidad que en su opinión debería pagarse la tarifa del gas. Algo que no procedería teniendo en cuenta los recargos ya practicados en la tarifa.Otros clientes paganEn el hecho relevante que Gas Natural publicó en agosto, tras conocer el laudo, ésta aseguró que atendería la cantidad decidida por el juez "con la repercusión aplicable a determinados clientes" y con "las provisiones realizadas durante los años del conflicto".