El magnate mexicano de la industria cementera Lorenzo Zambrano va a plantear batalla al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por el trato que ha recibido su empresa en los últimos días en el país suramericano.

Cemex confirmó ayer que presentará una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Se trata de la respuesta a la toma de tres fábricas por fuerzas gubernamentales en virtud de un Decreto Ley de Reordenamiento del Sector Cementero que busca que la Administración controle más del 90% de la producción. Dentro del mismo plan de nacionalizaciones, el Ejecutivo de Chávez ha comprado la mayoría de los activos de la francesa Lafarge y de la suiza Holcim por 789 millones de dólares.

Sin embargo, el acuerdo económico estuvo lejos de alcanzarse con Cemex. La compañía tasaba sus bienes en 1.300 millones de dólares y, según ha desvelado la propia Cemex, el ministerio de Energía puso 650 millones sobre la mesa. 'La oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas', se queja la afectada, que se acoge a sus múltiplos de Ebitda e índices de valor por tonelada de capacidad instalada. La producción de las tres cementeras suma 8,3 millones de toneladas de cemento al año, de las que 4,6 millones salen de las instalaciones de Cemex.

'Calificamos la confiscación y posterior inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela', cita la cementera, 'además de no respetar los principios del Derecho Internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones'. Estos últimos acuerdos entre países impiden la ocupación de bienes sin previa indemnización y sin procedimiento de expropiación.

Tras la crudeza de estas declaraciones, el gigante mexicano dice estar 'disponible' para llegar a una solución 'aceptable para ambas partes'.