El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ya condenó a España el pasado 23 de abril por su retraso en la aplicación de esta norma. Pese a ello, el Gobierno "aún no ha adoptado las disposiciones necesarias para trasponer adecuadamente la directiva a su derecho interno", según explicó el Ejecutivo comunitario.

La amenaza de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, primera fase de un procedimiento de infracción. Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Al haber ya una sentencia del TUE, la Comisión está facultada para pedir la imposición de multas.

La directiva en cuestión contiene una 'lista negra' de las conductas comerciales desleales prohibidas en toda la UE en cualquier circunstancia. En ella figuran, por ejemplo, los planes de venta piramidal, el suministro no solicitado, la utilización de la publicidad señuelo (cuando el producto anunciado a buen precio no está disponible) o la inclusión en una publicidad de una exhortación directa a los niños para que compren o convenzan a sus padres u otros adultos de que les compren los productos anunciados.