"Después de un largo proceso de discusión, hemos podido aprobar un nuevo régimen de arrendamiento financiero compatible con las normas de ayudas de estado de la UE, sobre la base de las últimas propuestas presentadas por las autoridades españolas", ha celebrado el vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
"Este nuevo régimen no es selectivo y permitirá responder en particular a las preocupaciones del sector naval español sin falsear la competencia en el mercado único europeo", ha resaltado.
El sistema de bonificaciones para el sector naval lleva en suspenso 17 meses, a raíz de una denuncia ante Competencia de astilleros holandeses, a la que después se sumaron países como Alemania y Noruega. La paralización de estas bonificaciones fiscales ha provocado un parón en la contratación del sector naval gallego, cuyos barcos de referencia son principalmente ferrys y offshore.
El nuevo régimen notificado por las autoridades españolas permite deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos mediante arrendamientos financieros desde el inicio de su construcción, sin esperar a que sean explotados comercialmente, según ha explicado el Ejecutivo comunitario.
Complementa así la posibilidad, que ya tenían los contribuyentes españoles, de acelerar la deducción de este coste en función de los pagos efectuados en el marco de un contrato de arrendamiento financiero.
La investigación de Bruselas ha demostrado que este régimen "no implica ninguna ayuda estatal con arreglo a las normas europeas, ya que no favorece a ciertas empresas frente a otras".
En particular, el sistema de bonificaciones "se aplica a todos los tipos de bienes de inversión materiales adquiridos mediante arrendamientos financieros, siempre que estén fabricados según las especificaciones técnicas del comprador -quedan excluidos, por lo tanto, los productos que puedan fabricarse en serie-, y que necesiten un período de fabricación de un año como mínimo".
"Se aplica por igual a los bienes fabricados fuera de España y a los fabricados en España. Además, la medida es de aplicación automática y no está sujeta a la aprobación previa de la administración fiscal", ha apuntado la Comisión.
El Ejecutivo comunitario ha explicado que la decisión de este martes de autorizar el nuevo sistema español no paraliza la investigación en marcha sobre si el anterior régimen incluía ayudas públicas ilegales.
