CC OO, sindicato mayoritario en Caja Madrid y uno de los principales aliados de su presidente, Miguel Blesa, considera 'una irrresponsabilidad' la decisión de la Comunidad de Madrid de aprobar una ley de cajas 'en pleno proceso de la constitución para su salida a Bolsa de Cibeles, la corporación de la caja, y del próximo proceso de elecciones en la propia caja', declara José María Martínez, responsable del sector financiero del sindicato. Recalca que con la actual crisis económica el momento para cambiar la ley es aún menos oportuno. 'Caja Madrid no es una empresa pública, ni propiedad de la Comunidad de Madrid. Y con la nueva norma parece que se intenta su control, algo ilegítimo. El Gobierno de Esperanza Aguirre no debe entrar en su gestión, su labor es sólo supervisora. Además, todas las modificaciones en la ley de cajas se han hecho por consenso, lo que ahora se ha roto', remarca Martínez.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, acusa al Gobierno regional de ir contra el principio de neutralidad que debería imperar en Caja Madrid, y de adoptar medidas que favorecen su control, explica en un artículo publicado ayer en El País. La reforma supone 'una frontal vulneración de los principios de proporcionalidad y neutralidad' que deben presidir la gestión de los poderes públicos respecto a Caja Madrid, explica.