El pasado 29 de diciembre, el BOE publicaba una resolución de la Secretaría de Estado de Energía con la convocatoria pública para seleccionar al municipio (o municipios) en los que se emplazará el futuro Almacén Temporal Centralizado. Más conocido como cementerio nuclear, el ATC albergará los residuos de las ocho centrales españolas y los que, generados por la malhadada Vandellós I (y algunos de Garoña), son custodiados desde hace años por Francia y Reino Unido. Según los contratos, antes de 2011 estos residuos deben ser importados por España si no quiere ser penalizada.

Al proyecto, que requerirá una inversión de 700 millones de euros y dará trabajo a 300 personas en la primera fase (cinco años), pueden optar municipios, mancomunidades o agrupaciones de municipios, tal como figura en la resolución, que incluye el cuestionario del concurso. Aunque oficialmente el nombre de los interesados se mantiene en secreto, se trata, según fuentes solventes, de una decena de ayuntamientos circunscritos exclusivamente a tres comunidades autónomas: Cataluña, Castilla-LaMancha y Extremadura, en las que están ubicadas la mayor parte de las centrales y cuentan con Gobiernos socialistas.

Para optar al ATC se exige la aprobación del pleno de estos ayuntamientos, si bien, la dificultad política para adjudicarse el proyecto está en que éstos deberán contar con la aprobación de su comunidad autónoma. Entre otras razones, porque son las responsables de la ordenación de sus territorios y han de autorizar ciertos usos del suelo, amén de otorgar los permisos de impacto medioambiental. En este sentido, los Gobierno de Castilla-La Mancha y Extremadura se han venido manifestado rotundamente en contra, mientras que al Gobierno de Cataluña se le vemás proclive a negociar, aunque los socios del tripartito no mantienen las mismas posiciones. Además, existe la dificultad añadida de que en unos meses se celebrarán elecciones autonómicas en esta comunidad.

Entre los pueblos candidatos, hay quien apunta a Vandellós (donde ya se ha desmantelado un grupo) y Ascó, por tener ya plantas nucleares, si bien, el ayuntamiento del primero ya aprobó en su día una moción en contra del ATC. En cualquier caso, el proceso requerirá de una negociación política de alcance estatal, según consideran los expertos, aunque se desconoce, de momento, negociación alguna. El proyecto del ATC, cuyas condiciones ya fueron aprobadas por una comisión interministerial nombrada por el primer Gobierno de Zapatero, se ha aprobado in extremis. Además de la importación de las 660 toneladas antes citadas (unas 600 de Vandellós I y, el resto, de Garoña) su retraso habría obligado a construir almacenes individuales para cada una de las centrales.

De hecho, en Ascó I, cuyas piscinas están al borde de la saturación, se va a construir uno con capacidad para los residuos generados durante dos años. Aun con todo, el ATC no estará operativo hasta dentro de cinco años, por lo que, en cualquier caso, los contratos de custodia con Francia y Reino Unido deberían prorrogarse. Se calcula que el coste para España será de 60.000 euros por cada día de demora. En todo caso, indican fuentes del sector, "siempre será más fácil negociar un aplazamiento si estos países ven que está en marcha el proyecto del ATC".