El Gobierno de Castilla y León aprobó el viernes un decreto para adaptar la normativa autonómica a la reforma de la ley estatal cajas. Además, ha introducido medidas adicionales, como la prohibición de que los presidentes de las cajas tengan créditos concedidos por su propia entidad.

De acuerdo con la redacción del nuevo decreto, los empresarios con préstamos en una caja de ahorro con sede en Castilla y León no podrán presidir la entidad, aunque sí que podrán permanecer en los consejos de administración como miembros no retribuidos de los mismos.

En la práctica, esta disposición afecta al presidente de Caja España, Santos Llamas, que podrá permanecer en el consejo de administración de la entidad durante dos años más, pero no podrá optar a la presidencia del grupo resultante de la fusión de Caja Duero y Caja España, al serle aplicado el nuevo régimen de incompatibilidades.

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, no quiso poner nombres a los afectados por la nueva disposición, cuando fue inquirido por la figura de Santos Llamas. "No hago valoraciones de personas, no debo hacerlo, pero si están inmersas en el régimen de incompatibilidades, no podrán presidir una caja", aclaró.