El carbón entra en barrena
Hace varias semanas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reprochaba en un acto público al ministro de Industria, Miguel Sebastián, el exceso de cambios normativos que sufre el sector energético: "20 modificaciones con rango de ley; más de cien reales decretos; un centenar de órdenes ministeriales y unas 200 resoluciones -señaló- se han aprobado en los últimos años". La respuesta del ministro, allí presente, dibujó con nitidez las relaciones entre ministerio y empresas: "me gustaría saber cuántas de las modificaciones legislativas han sido a petición del sector".
Efectivamente, buena parte de la normativa energética es fruto de peticiones, intercambios o consensos, ya que las compañías, con potentes servicios jurídicos, no dudan en acudir a los tribunales contra cualquier medida del Gobierno que afecte mínimamente a sus intereses. La situación ha llegado hasta tal punto que en ciertos ámbitos del Gobierno creen que "ya es imposible legislar en función del interés general cuando éste no coincide con el de las empresas". Esta opinión resulta oportuna al hilo de lo ocurrido el pasado viernes, cuando la Audiencia Nacional aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa contra la resolución que fija la cantidad de carbón nacional que las empresas deben comprar obligatoriamente para generar electricidad en sus centrales a partir de noviembre. Era el último paso para aplicar el real decreto que incentiva el consumo de este mineral a un precio regulado.
La Audiencia ha convocado mañana a las partes a una vista en la que decidirá si mantiene o no la medida. La resolución de Industria, publicada en el BOE hace una semana, daba tres días de plazo a las empresas para adquirir el carbón necesario para la producción en 2010. De hecho, Iberdrola había cerrado el jueves los contratos con el grupo de Victorino Alonso, mientras Endesa y Gas Natural, que tenían cita para firmarlos el viernes, se libraron por la campana.
Fomento participa en el frente para apoyar las plantas de carbón de importación
El argumento de las denunciantes para solicitar cautelarísimas es que, dado que mantienen sendos recursos en el Tribunal de la UE y el Supremo contra el real decreto del carbón, de serles favorables sus sentencias, la compra del mineral les supondría un daño irreversible. No lo creyó así el propio Supremo que las rechazó hace un par de semanas, ya que los daños económicos no resultan irreversibles pues la compra efectiva del carbón se supedita a que el real decreto prospere. De hecho, en las propias empresas no descartan que la Audiencia pueda levantarlas mañana.
De no ser así, y pese a las explicaciones ofrecida por Industria, las medidas para apoyar al carbón nacional habrían fracasado. En una nota remitida el viernes, el ministerio aclaraba que la medida paralizada por la Audiencia (la compra de mineral para 2010) no frena la aplicación del real decreto, pues hay stock en abundancia (10 millones de toneladas) con el que las centrales térmicas pueden generar electricidad. Sin embargo, la quema del producto almacenado, que ya está pagado, no tendría ningún beneficio para el empleo en la minería que se pretende preservar. Por tanto, la resolución suspendida (por el momento) resulta esencial para que las ayudas al carbón resulten efectivas.
Pero, incluso si la Audiencia le da la razón al Gobierno, sobre éste sigue pesando otra espada de Damocles: los recursos de las eléctricas en Luxemburgo y el Supremo. Es más, aunque estos tribunales se pronuncien a su favor, Industria tiene otro frente abierto: el de las centrales de carbón importado que quedarán fuera de un mercado que deberá encajar el autóctono "con calzador".
Un embrollo que serviría para argumentar que si bien es cierto que el Gobierno no puede legislar en contra de los intereses de las eléctricas, tampoco puede hacerlo contra la racionalidad económica.
Nueva guerra
El frente de batalla de las centrales de carbón de importación tiene sus peculiaridades. Aunque se trata de seis plantas en toda España (As Pontes y Litoral de Almería, de Endesa; Meirama, de Gas Natural; Lada y Pasajes, de Iberdrola y Los Barrios, de Eon España), sólo las dos gallegas de As Pontes y Meirama han optado por la beligerancia. Hasta el punto de que Industria ha constituido una comisión de seguimiento para analizar los efectos que las medidas sobre el carbón nacional tendrán sobre estas plantas, cuya producción será "nula", al menos hasta 2014, según las propietarias.
Además del propio Ministerio de Industria, en la comisión participan los alcaldes de los dos municipios gallegos; representantes de sindicatos y empresas y, sorprendentemente, del Ministerio de Fomento. De la participación en la batalla del titular de esta cartera, José Blanco, dan fe las propias empresas, que lo consideran una prueba de la politización de un conflicto del que son ajenas las otra cuatro plantas de carbón importado.
Para tapar esta vía, Sebastián ha ofrecido una compensación a todas ellas, articulada como un pago por capacidad, lo que le obligara (¡nuevamente!) a legislar. Con todo, las eléctricas afectadas se niegan a comprometerse por escrito a garantizar los puestos de trabajo en estas instalaciones. Aunque el empleo directo podría salvarse con un pago por capacidad, el indirecto (que preocupa mucho a Blanco por razones electorales, según fuentes del sector) está en el aire.
Una opinión discordante apunta a que la estrategia de enfrentamiento de Endesa y Gas Natural (con accionistas noveles) no les beneficiará: a estas dos eléctricas (mineras ambas) las medidas del Gobierno les permitirá con toda seguridad mantener buenos márgenes.